WASHINGTON, DC.- La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro ( FinCEN, por sus siglas en inglés) emitió este miércoles órdenes contra tres instituciones financieras mexicanas, acusándolas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo.
Estados Unidos sanciona a tres bancos mexicanos: los acusa de lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo
FinCEN sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por facilitar millones en lavado para cárteles ligados al tráfico de fentanilo. Las instituciones mexicanas procesaron pagos hacia China para adquirir precursores químicos usados en drogas sintéticas.
Por:Univision
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Se trata de la primera acción tomada en virtud de las nuevas facultades otorgadas por la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley para Combatir el Fentanilo (FEND Off), que refuerzan la capacidad del gobierno estadounidense para atacar financieramente a los cárteles.
Las instituciones señaladas son CIBanco, Intercam Banco, y Vector Casa de Bolsa, todas identificadas como entidades extranjeras “ de preocupación primaria por lavado de dinero” en relación con el tráfico ilícito de opioides. Las órdenes de FinCEN prohíben que cualquier institución financiera en EE.UU. participe en transferencias de fondos hacia o desde estas entidades, incluidas aquellas realizadas a través de monedas virtuales.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones son "facilitadores financieros" que permiten a los cárteles mover grandes sumas de dinero, sosteniendo así la cadena de suministro del fentanilo.
“Hoy afirmamos nuestro compromiso de usar todas las herramientas disponibles para contrarrestar la amenaza del crimen organizado transnacional”, dijo.
Estas sanciones se suman a las designaciones anunciadas en febrero por el gobierno de Donald Trump, que declaró a seis cárteles mexicanos, entre ellos el CJNG, el Cártel del Golfo y el de Sinaloa, como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
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CIBanco, con más de $7 mil millones de dólares en activos, ha sido vinculado con actividades del Cártel de los Beltrán-Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo por autoridades estadounidenses.
Según FinCEN, un empleado del banco ayudó en 2023 a crear una cuenta para lavar $10 millones para un miembro del Cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, procesó más de $2.1 millones en pagos hacia empresas chinas proveedoras de precursores químicos usados en la producción de fentanilo.
El principal directivo de CIBanco, conocido por ser el primer banco "verde" de México, es Mario Alberto Maciel Castro, Director General desde 2005.
Intercam, con activos por encima de los $4 mil millones, también está implicado en transacciones con el CJNG según las autoridades. En 2022, ejecutivos de este banco se habrían reunido directamente con miembros del cartel para planear esquemas de lavado, incluidos envíos de fondos desde China. Durante el mismo periodo, Intercam canalizó más de $1.5 millones hacia empresas chinas vinculadas al tráfico de precursores químicos.
Intercam es un banco mexicano con operaciones desde 1996, especializado en pagos internacionales y cambio de divisas. El consejo de administración en 2020 incluía a varios miembros, entre los cuales destacan Mario Eduardo García Lecuona Mayeur, José Gabriel Golzarri Fragoso, y José Rubén de la Mora Berenguer.
Por su parte, Vector, una casa de bolsa que administra casi $11 mil millones, fue señalada por presuntamente facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y del Golfo. Entre 2013 y 2021, Vector habría permitido el envío de $2 millones de EE.UU. a México a través de un “mula de dinero” del Cártel de Sinaloa. Además, entre 2018 y 2023, ejecutó más de $1 millón en pagos para empresas mexicanas hacia compañías chinas implicadas en el tráfico de químicos. FinCEN destacó fallas graves en los controles contra lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de esta institución.
Vector Casa de Bolsa, con 50 años de historia, tiene una estructura de propiedad clara: es propiedad de Alfonso Romo Garza, fundador y presidente honorario de Vector Empresas. Alfonso Romo fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), actuando como enlace entre el gobierno y el sector empresarial.
El principal directivo de Vector es Edgardo Cantú Delgado, Presidente Ejecutivo de Vector Empresas y Director General de Vector Casa de Bolsa, con más de 32 años de experiencia en finanzas, y ha trabajado en empresas como Cementos Mexicanos (CEMEX), Cigarrera La Moderna (BAT), y Pulsar Group (ahora Plenus), uniéndose a Vector en 1990 y asumiendo su cargo actual desde 2003.
Hacienda exige pruebas y asegura transparencia
La medida fue recibida con cautela por el gobierno de México, que exigió pruebas claras y reiteró su compromiso con el Estado de derecho. A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que fue notificada por el Departamento del Tesoro, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sobre presuntas irregularidades cometidas por las instituciones señaladas. Sin embargo, las autoridades mexicanas indicaron que hasta ahora no han recibido datos concluyentes que confirmen los señalamientos.
“ La única información verificable recibida corresponde a algunas transferencias electrónicas hechas a empresas chinas legalmente constituidas”, explicó la SHCP. La UIF detectó que más de 300 empresas mexicanas realizaron operaciones con dichas compañías a través de al menos diez instituciones financieras nacionales, en el contexto de un comercio bilateral anual que supera los 139 mil millones de dólares.
Hacienda subrayó que el flujo de transferencias hacia empresas chinas no constituye, por sí solo, evidencia de lavado de dinero. “En México hay miles de operaciones ordinarias con empresas legales de China”, aclaró el comunicado.
No obstante, como parte de sus obligaciones regulatorias, Hacienda señala que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión a fondo de las instituciones señaladas. El proceso derivó en sanciones por diversas faltas administrativas que suman 134 millones de pesos. Las multas fueron impuestas conforme a la normatividad vigente.
“La instrucción de la presidenta de México es clara: actuar con transparencia, no encubrir a nadie y proceder conforme a derecho siempre que existan pruebas contundentes”, añadió la SHCP.
