Nueva York.- La administración Trump está evaluando alrededor de 200 casos de posible una revocación a personas que habrían obtenido su ciudadanía de manera fraudulenta. Sin embargo, se trata de casos específicos en los que se requiere una investiación a fondo.
Revocación de ciudadanía en Estados Unidos: cómo funciona el proceso y quién toma la decisión
Aunque el gobierno puede investigar posibles fraudes en trámites migratorios, la decisión de retirar una ciudadanía depende de un proceso judicial. Te explicamos qué ocurre cuando un caso entra en revisión.
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El periodista Jorge Cancino, editor principal de inmigración en Televisa Univision, explica que estas revisiones no son nuevas y forman parte de una política de investigación que se ha mantenido por más de una década. Esto es lo que se sabe.
En 2010, durante el gobierno de Barack Obama, se creó una oficina para investigar posibles fraudes en trámites migratorios, luego de detectar problemas con la verificación de huellas digitales, que en ese momento aún se manejaban en papel y no de forma completamente digital.
Cancino aclara que el hecho de que hoy se hablen de cerca de 200 casos en revisión no implica que se esté retirando la ciudadanía de manera directa o automática, sino que se trata del inicio de procesos legales que deben ser probados.
“El gobierno puede iniciar el proceso, pero no puede quitar la ciudadanía por sí mismo”, aseguró.
Cuando se abre una investigación de este tipo, las personas reciben documento oficial conocido como Notice of Intent to Revoke (NOIR), mediante el cual el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( USCIS) notifica que ha encontrado evidencia que pone en duda el estatus migratorio.
A partir de ese momento, el caso pasa a una corte federal, donde un juez es quien determina el resultado final tras evaluar los argumentos tanto del gobierno como de la defensa del ciudadano.
¿Qué hacer en estos casos?
Lo más importante es que recordar que cada expediente es evaluado de manera individual y con evidencia sólida, ya que no existe una revocación automática de la ciudadanía.
El gobierno debe demostrar ante un juez federal que hubo fraude o irregularidades comprobables en el proceso de naturalización, y solo entonces puede avanzar una posible desnaturalización.
A partir de ahí, la persona tiene derecho a ser notificada, presentar pruebas en su defensa y contar con representación legal, en un proceso donde la decisión final siempre recae en un tribunal y no en una autoridad administrativa.
De acuerdo con un informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, estos procesos de desnaturalización han estado activos durante años y cobraron mayor relevancia tras la llamada “Operación Janus”, que detectó cientos de casos de personas con órdenes de deportación que posteriormente obtuvieron beneficios migratorios utilizando identidades distintas.
En 2011, una revisión del Departamento de Seguridad Nacional identificó alrededor de 315 mil de expedientes con huellas dactilares no digitalizadas, lo que llevó en 2012 a la aprobación de fondos federales para modernizar y digitalizar esos registros históricos, con el objetivo de reforzar la verificación de identidad dentro del sistema migratorio.
Desde hace una década, se han identificado cientos de miles de casos bajo revisión. Pero recuerda: e l gobierno no puede retirar una ciudadanía de forma automática, ya que cada caso debe pasar por un proceso legal y ser evaluado por un tribunal.
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