ORLANDO, Florida.- Cuatro estados gobernados por republicanos, Florida, Indiana, Iowa y Ohio, firmaron un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional ( DHS) para resolver una serie de demandas relacionadas con el acceso a información sobre la ciudadanía de votantes registrados.
Florida, entre los 4 estados que firmaron acuerdo para validar ciudadanía de electores
El acuerdo permitirá a los estados verificar la ciudadanía de miles de votantes con datos federales.

El conflicto comenzó durante la administración de Joe Biden, previo a las elecciones presidenciales de 2024, cuando los estados acusaron al gobierno federal de retener datos necesarios para verificar la elegibilidad electoral de miles de personas en sus padrones.
Con el acuerdo alcanzado este viernes, los estados podrán realizar búsquedas masivas de votantes a través del programa federal Systematic Alien Verification for Entitlements ( SAVE), que permite verificar el estatus migratorio usando nombre, fecha de nacimiento y número de Seguro Social. El sistema, que históricamente se utilizaba para revisar la elegibilidad de solicitantes de beneficios públicos, fue modernizado por el gobierno de Donald Trump y ahora permite consultas por miles, en lugar de una por una.
A cambio del acceso al sistema, los cuatro estados podrán compartir con el DHS información proveniente de licencias de conducir para contribuir a mejorar y actualizar la base de datos federal. El acuerdo establece que, en un plazo de 90 días, deberán firmar un memorando de entendimiento que regule el uso del programa, así como negociar un nuevo acuerdo de intercambio de información. Ese proceso podría incluir el envío de 1,000 registros aleatorios de licencias de conducir de cada estado.
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La implementación del programa SAVE en materia electoral ya ha generado controversia
Diversos grupos de derechos de voto han demandado al gobierno federal al considerar que las recientes ampliaciones del sistema podrían derivar en la depuración indebida de votantes elegibles, especialmente en estados con antecedentes de revisiones masivas. En paralelo, el Departamento de Justicia bajo la administración Trump solicitó a más de la mitad de los estados sus padrones electorales completos, petición que autoridades demócratas han cuestionado por temor a que la información termine en manos del DHS.
El voto de personas no ciudadanas es ilegal en elecciones federales y puede resultar en cargos criminales y deportación. Sin embargo, revisiones estatales han mostrado que los casos son extremadamente raros: pocos no ciudadanos se registran para votar y menos aún llegan a votar. A pesar de ello, antes de las elecciones de 2024, Trump aseguró sin presentar evidencia que los no ciudadanos podrían influir masivamente en los comicios, un mensaje que fue retomado por candidatos y legisladores republicanos en todo el país.
Con la entrada en vigor del acuerdo, el intercambio de información entre estados y gobierno federal podría convertirse en un tema central rumbo a las elecciones intermedias de 2026, en medio de un debate nacional sobre seguridad electoral, eliminación de votantes y el alcance de las nuevas facultades del sistema SAVE.















