El asesinato de Andy López: diez años después, la lucha por la justicia continúa
A una década del trágico asesinato de Andy López, la comunidad sigue buscando justicia y luchando por reformas en la actuación policial. A pesar de algunos avances, persisten los desafíos para garantizar la rendición de cuentas.
Hace diez años, en el barrio Moorland de Santa Rosa, California, Andy López, de 13 años, fue asesinado por un oficial del condado de Sonoma que confundió su arma de juguete con un rifle de asalto.
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El tiroteo provocó protestas históricas en el condado de Sonoma, con estudiantes de Santa Rosa Junior College y de secundaria marchando por la ciudad y cerrando carreteras.
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La comunidad latina, que ha tenido una relación incómoda con las autoridades y la Oficina del Sheriff, fue especialmente afectada por el incidente.
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Como respuesta a la presión de la comunidad, se creó la Oficina Independiente de Revisión y Alcance de la Aplicación de la Ley del Condado de Sonoma (IOLERO), una agencia de supervisión civil centrada en la Oficina del Sheriff.
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Aunque se han implementado algunas reformas, como la adopción de cámaras corporales y una mayor capacitación en el uso de la fuerza para los agentes, muchos consideran que no han logrado un cambio significativo en la violencia policial contra las comunidades latinas del condado de Sonoma.
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Karym Sánchez, activista de supervisión policial, señala que aún ocurren asesinatos y la impunidad es una preocupación persistente.
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En 2022, el tiroteo de David Peláez-Chávez, un inmigrante mexicano, por parte de un ayudante del sheriff en las afueras de Healdsburg, sigue bajo investigación después de 15 meses.
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Sin embargo, algunos, como el supervisor David Rabbitt, consideran que el progreso es lento pero constante y que la coordinación entre el gobierno y los órganos electos es crucial.
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Los llamados a la supervisión civil de las fuerzas del orden en el condado de Sonoma se remontan a la década de 1990, cuando se solicitaron investigaciones sobre las prácticas policiales y el uso de fuerza letal.
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En respuesta al asesinato de López, se creó el Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley Local y Comunitaria (CALLE) para abordar inquietudes y considerar reformas, lo que llevó a la creación de IOLERO.
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IOLERO ha aportado transparencia a la Oficina del Sheriff a través de informes anuales y auditorías de investigaciones internas.
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Leyes como la SB 1421, aprobada en 2018, han aumentado la supervisión policial y el acceso público a registros relacionados con mala conducta policial y uso grave de la fuerza.
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Los registros publicados como resultado de la SB 1421 arrojaron nueva luz sobre la investigación policial del tiroteo de López, revelando un trato diferencial en los interrogatorios a los implicados.
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Aunque se han logrado avances, todavía se considera que se necesitan reformas más fuertes en la actuación policial para lograr un cambio significativo y garantizar la rendición de cuentas.