La Corte Suprema de Estados Unidos se enfrenta a la disyuntiva de aceptar o no el caso presentado por una exempleada del condado de Kentucky en el que pide al alto tribunal anular su decisión “Obergefell vs Hodges”, que garantiza el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.
Por qué el matrimonio igualitario está otra vez en peligro en Estados Unidos
Un factor que despierta alertas es que algunos jueces de la Corte Suprema, como el juez Clarence Thomas, han mostrado su disposición a revisar el caso en los últimos años, a medida que el tribunal se ha ido inclinando más hacia la derecha.

La petición de anular la decisión proviene de Kim Davis, una exsecretaria del condado de Kentucky, que se dio a conocer hace una década por negar licencias de matrimonio a personas del mismo sexo pese a la decisión de la Corte Suprema que legalizó el matrimonio igualitario en 2015 y que fue encarcelada por los hechos.
La mujer afirma que la decisión del alto tribunal en “Obergefell vs Hodges” fue "atrozmente errónea" y “el error debe ser corregido", escribió su abogado Matt Staver en la petición cuyo objetivo es afirmar los derechos constitucionales de Davis y "anular Obergefell".
En su petición, Davis argumenta que la Cláusula de Libre Ejercicio de la Primera Enmienda debería protegerla de la responsabilidad personal, ya que ella negaba las licencias debido a sus principios religiosos.
Se espera que la Corte Suprema decida si toma el caso a finales de septiembre.
¿Por qué el matrimonio igualitario en Estados Unidos está en riesgo?
Los abogados de Davis están intentando llevar de nuevo su caso ante la Corte Suprema, después de que el alto tribunal se negara a escuchar una apelación suya en 2020.
Un factor que despierta alertas es que algunos jueces de la Corte Suprema, como Clarence Thomas, han mostrado su disposición a revisar el caso en los últimos años, a medida que el tribunal se ha ido inclinando más hacia la derecha.
Thomas instó al tribunal a reconsiderar la decisión “Obergefell” cuando la corte se negó en 2020 a escuchar a la exsecretaria.
"Davis puede haber sido una de las primeras víctimas del tratamiento arrogante de la religión por parte de este tribunal en su decisión Obergefell, pero no será la última", escribió en ese momento.
"Al elegir privilegiar un derecho constitucional novedoso por encima de los intereses de libertad religiosa explícitamente previstos en la Primera Enmienda, y al hacerlo de forma antidemocrática, el tribunal ha creado un problema que solo él puede solucionar. Hasta entonces, Obergefell seguirá teniendo consecuencias terribles para la libertad religiosa", escribió el juez.
Además, ahora el recurso de Davis se produce en un momento en que aumenta el número de conservadores que se oponen a los derechos matrimoniales de las parejas del mismo sexo y que llevan a cabo una renovada campaña para revertir el precedente legal y permitir que cada estado establezca su propia política al respecto.
En lo que va de 2025, al menos nueve estados han planteado legislaciones destinadas a bloquear nuevas licencias de matrimonio para personas LGBTQ, según el grupo de defensa Lambda Legal.
De acuerdo con Gallup, una empresa de análisis de datos, el 60% de los estadounidenses apoyaba los matrimonios entre personas del mismo sexo en 2015, aumentando al 70% de apoyo en 2025, pero esa cifra se ha estancado desde 2020.
Mientras que el apoyo de los republicanos, que “alcanzó un máximo del 55% en 2021 y 2022, ha bajado gradualmente hasta el 41%, el punto más bajo desde la decisión Obergefell”, dice el reporte.
Las dificultades que enfrenta la petición de Kim Davis
En el pasado, tribunales inferiores han desestimado las demandas de Davis y la mayoría de los juristas consideran que su petición tiene pocas oportunidades de prosperar.
Un panel del tribunal federal de apelaciones concluyó a principios de este año que la exsecretaria "no puede invocar la Primera Enmienda como defensa" ya que en 2015 Davis era la única autoridad encargada de expedir licencias matrimoniales en nombre del gobierno en ese condado y la Primera Enmienda no la protege “como responsable de una acción estatal”.
David Cole, profesor de Derecho de la Universidad de Georgetown, dijo al sitio Courthouse que la petición de Davis abriría una caja de Pandora.
"Las consecuencias serían la creación de un área completamente nueva del derecho constitucional en la que los funcionarios del gobierno, al ser demandados por violar derechos constitucionales, podrían hacer valer sus propios derechos constitucionales, a pesar de que no tienen esos derechos constitucionales cuando están ejerciendo el poder gubernamental", dijo Cole.
"La Primera Enmienda protege a los ciudadanos particulares", dijo Cole. "No protege a los funcionarios públicos", agregó.
Pese a las adversidades, el abogado de Davis dijo a Newsweek que es optimista de que el tribunal acepte el caso.
Mientras que William Powell, el abogado que representó a la pareja que demandó a Davis, en 2015 dijo al medio que "la Corte Suprema estará de acuerdo con él en que los argumentos de Davis no merecen mayor atención".
Por su parte, Daniel Urman, profesor de Derecho de la Northeastern University, declaró a Newsweek que es poco probable que el alto tribunal acepte anular el matrimonio entre personas del mismo sexo.
La pelea de Kim Davis contra el matrimonio igualitario
Davis empezó a negar licencias matrimoniales a parejas del mismo sexo tras la histórica sentencia de la Corte Suprema en el caso “Obergefell vs Hodges” de 26 de junio de 2015.
La exsecretaria dijo entonces que su fe le prohibía lo que consideraba un apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo.
Líderes religiosos y políticos conservadores, como el exgobernador de Arkansas Mike Huckabee y el entonces gobernador de Kentucky Matt Bevin, se unieron a su causa.
La mujer desafió las órdenes judiciales de expedir las licencias hasta que un juez federal la encarceló por desacato al tribunal en septiembre de 2015.
Davis fue puesta en libertad seis después de que su personal emitiera las licencias en su nombre, pero eliminara sus datos del formulario.
Un juez federal condenó a Davis a pagar un total de 360,000 dólares en concepto de daños y perjuicios y honorarios de abogados a la pareja del mismo sexo afectada.
Davis perdió en marzo de este año un recurso de apelación contra esa sentencia ante un tribunal federal de apelaciones, pero volverá a apelar ante la Corte Suprema.
La comunidad LGBTQ+ se siente amenazada
Miembros y defensores de la comunidad LGBTQ+ han expresado su preocupación de que la Corte Suprema de EEUU acepte la petición de Davis.
La comunidad LGBTQ+ ya se ha visto afectada este año luego de que el presidente Donald Trump emitiera órdenes ejecutivas que prohíben a las mujeres transgénero participar en deportes femeninos, excluyen a las personas transgénero del ejército y una orden que establece que EEUU solo reconoce dos sexos.
"Hoy en día se están desarrollando muchas políticas negativas hacia las personas LGBTQ en el país, y es fácil desanimarse por ello", dijo en un comunicado Brad Sears, catedrático de Derecho y Política del Instituto Williams.
"Aun así, las comunidades LGBTQ han sobrevivido a tiempos difíciles, y muchos tribunales están demostrando que todavía hay un lugar para el Estado de Derecho".
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