Jolie McCullough reportó para la Beca de Investigaciones Locales del Times, que ayuda a atender el declive del periodismo local, desde Eagle Pass, Texas, una comunidad con escasez de reporteros.
El estado libre de Maverick: donde un sistema se olvida de liberar a acusados que ya pagaron su condena
El proceso de detención, arresto y juicio del condado Maverick se ve retrasado para los residentes que pasan meses encarcelados porque alguien “olvida” hacer las liberaciones. A esto se le suma la escasez de abogados públicos en el condado rural.


EAGLE PASS, Texas.- Aproximadamente la mitad de los residentes del condado de Maverick viven en la ciudad de Eagle Pass, que está en la frontera con México, a unos 240 kilómetros al suroeste de San Antonio.
La lengua materna de la mayoría de los residentes es el español, y quienes viven en la vecina ciudad mexicana de Piedras Negras a menudo cruzan para trabajar, ir de compras o visitar a sus parientes.
El condado tiene un historial de escándalos, incluida una investigación federal sobre sobornos y amaño de contratos que hace una década envió a prisión a cuatro de los cinco comisionados.
Un veterano agente de policía dijo que, en broma, los lugareños lo llaman “el Estado Libre de Maverick” porque los funcionarios tienden a hacer lo que quieren y a ocuparse después de las consecuencias.
La región también está a la vanguardia de la represión de la inmigración en Estados Unidos.
Desde 2021, agentes de policía de Texas han detenido a miles de migrantes en el condado de Maverick por allanamiento, en un esfuerzo por disuadir de cruzar e impulsar las deportaciones. Tras las impugnaciones legales, el estado creó un sistema penal especial para agilizar el proceso, acusando rápidamente a los migrantes y asignándoles abogados.
El sistema de justicia para los residentes locales muestra mucha menos urgencia. El año pasado se ocupó de unos 350 casos, la inmensa mayoría eran delitos menores o delitos graves de posesión de drogas.
Para cargos tan simples como resistencia a la autoridad o allanamiento de morada, a menudo la policía y el departamento del sheriff tardan semanas o meses en informar de una detención a los fiscales, quienes a su vez tardan meses en decidir si van a juicio. Durante este tiempo, a los fiscales no se les dice, y normalmente no comprueban, si un acusado está en la cárcel.
Ninguno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley respondió a las preguntas sobre los retrasos. Jaime Iracheta, abogado del condado, dijo que los delitos menores en el condado de Maverick pasan por varios niveles de investigación.
Algunas otras jurisdicciones presentan esos cargos en cuestión de días, si no de horas.
Aunque quienes dirigen el sistema judicial son todos demócratas —una reliquia de la fuerza histórica del partido entre los votantes hispanos—, están divididos en facciones rivales.
Iracheta, cuya oficina procesa delitos menores, apoyó al juez English Cantú en su candidatura de 2022 a juez del condado.
El sheriff Tom Schmerber, quien supervisa la cárcel desde 2013, es aliado del predecesor del juez, David Saucedo.
Cuando English Cantú se postuló contra Saucedo, su primo segundo, calificó a Saucedo de “abusivo” que daba a sus “compinches” grandes sueldos “para que no hicieran nada”. Saucedo calificó a su oponente de “interesado” y le acusó de ayudar a difundir un rumor “casi cómico” de que era un asesino.

En las entrevistas, ningún funcionario discutió que el condado no liberara a tiempo a algunas personas. En cambio, se culparon unos a otros.
“La desafortunada incapacidad de comunicación entre el departamento del sheriff y la fiscalía, creo, es lo que ha retrasado esta situación”, dijo el juez English Cantú.
El juez afirmó que el tribunal de delitos menores, que preside aproximadamente una vez al mes, se celebraba con menos frecuencia bajo el mandato de Saucedo. A su vez, Saucedo dijo que sus propios predecesores lo habían hecho incluso con menos frecuencia.
Iracheta dijo que el problema era el Departamento del Sheriff. “Tenemos problemas extremos allí, pero yo no puedo controlar a quién elige el pueblo”, dijo.
El sheriff no respondió a las solicitudes de entrevista, pero la gestora de casos de la cárcel, Daniella Ramos, criticó a los magistrados que fijan las fianzas. Dijo que les envía listas semanales de encarcelados para que puedan ordenar la puesta en libertad de los acusados, pero que se van “al abismo”.
Kina Mancha, la magistrada con más antigüedad en el condado, afirmó que a veces la cárcel no ha cumplido las órdenes de dejar salir a la gente. “No están haciendo su trabajo”, dijo.
Sin defensores públicos, el condado recurre a abogados locales para que representen a los acusados de pocos recursos, pagando unos cientos de dólares por caso. Pero en los casos de delitos graves, a menudo no se nombra a los pocos abogados disponibles hasta que los acusados comparecen ante un juez, normalmente meses o años después de su detención.
En los tribunales de delitos menores, rara vez se designan abogados. A menudo, el único abogado en la sala es el fiscal. El trabajo principal del juez English Cantú es servir como jefe ejecutivo del condado, algo parecido a un alcalde. Como la mayoría de los jueces de condado en Texas, no tiene título de abogado.
Este es un fragmento del reportaje: “Olvidados en la cárcel sin abogado: así le falla un pueblo de Texas a los acusados pobres”, que puedes leerlo dando click a este enlace.
Ana Facio-Krajcer, Alexa Ura y Guadalupe González colaboraron con traducción e interpretación. Kirsten Noyes colaboró con investigación.




