SAN ANTONIO, Texas.-A pesar de la oposición de funcionarios locales y organizaciones pro migrantes, la construcción de un centro de ICE en San Antonio avanza.
Avanza construcción de centro de ICE en San Antonio; aprueban contrato de $17.3 millones
ICE otorgó un contrato de $17.3 millones a GardaWorld Federal Services para renovar un almacén en el este de San Antonio y convertirlo en un centro de procesamiento y detención migratoria. El inmueble fue comprado por la agencia en $66.1 millones y podría recibir entre 1,000 y 1,500 personas al día.
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La agencia federal otorgó un contrato por $17.3 millones a GardaWorld Federal Services LLC para convertir un enorme almacén en un centro de procesamiento migratorio, de acuerdo con San Antonio Express News.
El centro de detención para inmigrantes en Adelanto, el más grande de California, ha estado en el ojo del huracán por varias quejas de abuso y negligencia.
Imagen Getty Images
Este centro tendría la capacidad para albergar entre 1,000 y 1,500 personas al día.
ICE compró el almacén por $66.1 millones
El contrato de $17.3 millones para adecuar el espacio se suma a la compra del inmueble, que tuvo un costo de $66.1 millones.
El edificio que forma parte del proyecto está ubicado en 542 S.E. Loop 410, en el lado este de San Antonio.
Se trata de un edificio industrial vacío de aproximadamente 639,595 pies cuadrados, que pertenecía a Oakmont Industrial Group, una empresa con sede en Atlanta.
La compra formó parte de una estrategia nacional de ICE para adquirir y adaptar almacenes que pudieran utilizarse para procesos migratorios, en momentos en que la agencia aumentaba los arrestos y deportaciones.
San Antonio Express News señala que los trabajos se realizarán en el código postal 78217, aunque no especifica la dirección del inmueble.
Funcionarios de San Antonio intentan frenar el proyecto
Diversos funcionarios de San Antonio han intentado impedir que el almacén se convierta en un centro de detención.
En abril, el Concejo Municipal modificó las reglas de zonificación para impedir que centros de detención se establezcan cerca de viviendas, escuelas, lugares de culto y parques públicos sin autorización.
Sin embargo, los edificios que pertenecen al gobierno federal o son arrendados por este no están sujetos a buena parte de las regulaciones locales de zonificación y permisos.
Por ahora, el proyecto continúa avanzando con el nuevo contrato de $17.3 millones, mientras funcionarios locales mantienen su oposición a la instalación.
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