LOS ÁNGELES, CA.- Los centros de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) operados por la corporación privada GEO Group en el condado de Kern cometen abusos graves, incluyendo trabajo forzado, falta de atención médica, precios exorbitantes en servicios básicos y violencia por parte del personal, según denuncia la organización Faith in the Valley.
Denuncian abusos y violencia en centros de detención de ICE en el condado de Kern
Cientos de migrantes en centros de detención de ICE operados por GEO Group enfrentan violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluido trabajo forzado, falta de atención médica y violencia física por parte del personal, según denuncia.
Por:Univision
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Estos centros, que albergan a cientos de migrantes, han visto un aumento en su población desde 2024, lo que ha intensificado las condiciones inhumanas.
Las denuncias destacan un "sistema diseñado para obtener beneficios, no para ayudar a las personas", con incidentes que no son aislados sino estructurales, según la organización.
Líderes detenidos han presentado quejas federales por violaciones a los derechos civiles, junto con una investigación de Cal/OSHA por fallas laborales.
Desde 2020, han organizado huelgas de hambre y laborales, clases de inglés como segunda lengua (ESL) dirigidas por pares, círculos de bienestar y equipos de defensa legal para resistir.
El Departamento de Salud Pública del condado de Kern puede inspeccionar estos centros bajo la ley estatal SB 1132, mientras que las ciudades de McFarland y Bakersfield tienen autoridad para revocar los permisos de uso de suelo de GEO, indicó la organización.
Miembros del Congreso también pueden realizar visitas de supervisión sin aviso previo.
Activistas llaman a contactar a alcaldes locales, al departamento de salud y a representantes federales para exigir el cierre inmediato de estas instalaciones.
Aumento drástico en detenciones agrava la crisis
Las tasas de detención se han disparado desde 2024, exacerbando las denuncias.
En el centro Mesa Verde, en Bakersfield, inaugurado en 2015, la población ha aumentado ocho veces, pasando de cifras bajas a 375 personas detenidas actualmente, superando su capacidad de 400 camas.
El Golden State Annex (GSA), en McFarland, abierto en 2020, ha duplicado su población a 640 detenidos, pese a una capacidad de solo 400 camas.
Por primera vez en cinco años, mujeres han sido detenidas en Mesa Verde.
Un tercer centro, el Central Valley MCCF en McFarland, con capacidad para 700 camas, permanece sin ocupar pero se espera que se expanda.
Estos sitios, todos gestionados por GEO Group –una corporación penitenciaria valorada en miles de millones de dólares que recibe 105 millones anuales de fondos públicos para operar centros de detención de ICE–, han sido blanco de protestas por priorizar ganancias sobre derechos humanos.
Condiciones internas: trabajo forzado y represalias
Dentro de las instalaciones, los detenidos enfrentan explotación laboral obligatoria por un dólar al día, según la denuncia de Faith in the Valley.
No hay acceso a agua potable, atención médica adecuada ni nutrición básica.
Los precios en el teléfono y la tienda son "exorbitantes", convirtiendo necesidades esenciales en un negocio lucrativo.
Además, se reportan represalias y violencia física por parte del personal de GEO e ICE, incluyendo agresiones durante protestas.
"Este no es un sistema disfuncional por error; está diseñado tal como es", afirma la organización, que detalla cómo las huelgas de hambre y laborales desde 2020 han sido respondidas con castigos.
Líderes detenidos, que han creado programas educativos y de apoyo mutuo, enfrentan investigaciones federales por defender sus derechos, señala.
Llaman a oponerse a GEO Group
Faith in the Valley está trabajando para tratar de cerrar GEO en Kern.
Han pedido llamar a las autoridades municipales de Bakersfield y McFarland para revocar permisos de suelo; al Departamento de Salud Pública de Kern para inspecciones bajo SB 1132; y a representantes en el Congreso para visitas sorpresa.
Organizaciones como ACLU Southern California respaldan estas demandas.
Este caso se suma a escrutinios nacionales sobre centros de detención privados, donde GEO Group ha enfrentado demandas por condiciones similares en otros estados.
Activistas esperan que las inspecciones y revocaciones locales marquen cambio en Kern, un condado agrícola con alta población inmigrante.
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