Florida ocultó reembolso federal para Alcatraz de los Caimanes, acusan ambientalistas

TAMPA, Florida.- Funcionarios federales y del estado de Florida ocultaron evidencia de que el Departamento de Seguridad Nacional había acordado reembolsar parte de los costos del de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes ( Alligator Alcatraz) en los Everglades, denunciaron grupos ambientalistas que buscan el cierre de la instalación.

La prisión migratoria permanece abierta y continúa albergando detenidos dentro del parque nacional, luego de que en septiembre un tribunal de apelaciones aceptara el argumento del estado de Florida y del gobierno del entonces presidente Donald Trump de que aún no se había solicitado el reembolso federal y, por lo tanto, no se activaban las obligaciones de la ley ambiental federal.

Sin embargo, nueva evidencia obtenida mediante solicitudes de registros públicos contradice esa versión. Los documentos incluyen correos electrónicos y comunicaciones oficiales que muestran que funcionarios estatales y federales discutían el reembolso desde junio y que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) confirmó en agosto haber recibido una solicitud formal de subvención.

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De acuerdo con esos registros, Florida fue notificada a finales de septiembre de que FEMA había aprobado $ 608 millones en fondos federales para apoyar la construcción y operación del centro de detención.

“Ahora sabemos que el gobierno federal y el estatal tenían registros que confirmaban que colaboraron estrechamente en esta instalación desde el principio, pero no los dieron a conocer al tribunal de distrito”, afirmó Tania Galloni, una de las abogadas que representa a los grupos ambientalistas.

Nueva evidencia reaviva disputa legal

Un panel de jueces de la C orte de Apelaciones en Atlanta suspendió temporalmente la orden de un tribunal inferior que habría cerrado la instalación construida por el estado. Los grupos Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity señalaron en documentos judiciales presentados esta semana que la nueva evidencia debe ser considerada antes de que se tome una decisión definitiva sobre el futuro del centro.

A mediados de agosto, un juez federal en Miami había ordenado que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses, al concluir que las autoridades no realizaron la revisión de impacto ambiental exigida por la ley federal. En su fallo, el juez sostuvo que la decisión de reembolso ya había sido tomada, lo que contradecía los argumentos presentados por el estado ante tribunales superiores.

El Departamento de Manejo de Emergencias de Florida, agencia que encabezó la construcción del centro en los Everglades, no respondió a solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico por AP.

Florida ha sido uno de los estados que más ha impulsado la creación de instalaciones para apoyar la política de mano dura contra la migración promovida durante la administración Trump. Además del centro en los Everglades, que recibió a sus primeros detenidos en julio, el estado ya abrió otra instalación de detención de inmigrantes en el noreste de Florida y evalúa la apertura de un tercer centro en la región noroccidental.

La demanda ambiental es una de tres impugnaciones federales en curso contra la prisión de los Everglades. En las otras, detenidos argumentan que las agencias estatales y los contratistas privados carecen de autoridad legal para operar el centro bajo la ley federal y solicitan garantías para mantener comunicaciones confidenciales con sus abogados mientras permanecen bajo custodia.

Con información de AP.

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