HOUSTON, Texas- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, obtuvo una victoria judicial en un caso relacionado con las políticas de fianza aplicadas en el condado de Harris desde 2019.
Juez federal le permite a Ken Paxton intervenir acuerdo que cambió el sistema de fianzas en el condado Harris
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró una victoria judicial en su intento por anular un decreto de fianzas aprobado en 2019 en el condado Harris, al considerar que la medida comprometía la seguridad pública. Te explicamos.
Por:Univision
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Un juez federal aprobó su solicitud para intervenir en una demanda que, tras un acuerdo judicial de hace seis años, permitió la liberación más flexible de personas detenidas por delitos menores y algunos delitos graves.
" El sistema de justicia debe dedicarse a castigar al malhechor y proteger al inocente", dijo el Fiscal General Paxton.
El fallo surge después de que el Quinto Circuito reconociera que litigios como el que dio origen al decreto de 2019 no debieron continuar según la legislación estatal.
Con esta decisión, Paxton busca que el tribunal anule el acuerdo inicial y se restablezcan las normas de fianza alineadas con las leyes más recientes de Texas.
El decreto objeto de controversia fue resultado de un acuerdo entre autoridades del condado y grupos que impulsaban reformas judiciales. Según Paxton, las disposiciones adoptadas entonces contradijeron la legislación de Texas y representaron un riesgo para la seguridad en las comunidades del área metropolitana de Houston.
En su declaración tras el fallo, Paxton enfatizó que el sistema judicial debe garantizar justicia y proteger a los ciudadanos, al tiempo que criticó las políticas que, a su juicio, han favorecido la liberación de delincuentes reincidentes.
Con el nuevo respaldo judicial, su oficina planea continuar el proceso para anular el decreto y representar los intereses de los residentes del condado Harris ante los tribunales federales.
De qué trata el decreto del 2019
Tras años de litigio y apelaciones, en noviembre de 2019 un acuerdo judicial fue aprobado por la jueza federal Lee H. Rosenthal.
El decreto estableció una reforma en el sistema de fianzas para garantizar la liberación rápida de la mayoría de los acusados por delitos menores bajo fianza personal, salvo casos específicos de mayor gravedad.
El argumento base es que las fianzas para delitos menores eran inconstitucionales porque detenían a personas de bajos recursos que no podían pagarlas, sin considerar sus circunstancias.
Las nuevas reglas prohibieron mantener en la cárcel a personas simplemente por no poder pagar cantidades predeterminadas y ordenaron hacer una indagación individual sobre la capacidad de pago del acusado.
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