Senado busca regular cargos por servicio en cajeros automáticos independientes

SAN JUAN, Puerto Rico. - El senador Luis DanieL Rivera Filomeno encabezó este jueves una audiencia pública donde el Departamento de Hacienda y el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sugirieron que sea la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) quien se encargue de implementar regulaciones a los operadores independientes de cajeros automáticos.

La idea es que este organismo evite cargos por servicios onerosos para la ciudadanía.

Sin embargo, Rivera Filomeno expresó su disconformidad por la incomparecencia del comisionado de instituciones financieras. "Rafael Blanco le ha fallado al país", puntualizó.

Mientras, el DACO y Hacienda llevaron sus planteamientos ante la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos, que preside Rivera Filomeno, quien levantó bandera sobre la ausencia de herramientas jurídicas para defender a los puertorriqueños de situaciones como las que acontecieron recientemente en una actividad artística celebrada en el Estadio Hiram Bithorn.

"En días pasados vimos con asombro a través de las redes sociales y de algunos medios que varios consumidores reclamaron que los cajeros automáticos posteados en el lugar exigían un cargo de $9.95 por transacción", señaló el senador.

Agregó que "lo que pasó el sábado es lamentable. Tengo que decir que no fue ilegal, pero fue inmoral, injusto y usurero. Nuestro deseo es que esto no se vuelva a repetir".

Nery Adames, secretario del DACO, tras esbozar un breve análisis legal, admitió que la agencia que dirige no tiene competencia sobre esa materia, sobre la cual entiende que debería actual la OCIF.

"La Ley Orgánica del DACO, ni ningún reglamento de esta agencia, hace mención a los cajeros automáticos como materia de su competencia. En el caso de los cajeros automáticos juzgamos que la agencia con la competencia y pericia para ilustrar a la Comisión es la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras", sentenció.

Adames también llamó la atención en torno a la violación de la Ley 46, que exige que cualquier comercio cuyas ventas excedan los 50 mil anuales, deben ofrecer varias alternativas de pago, entre ellas una electrónica (ATH o tarjeta de crédito).

"A pesar de que los cargos en el cajero automático que dieron lugar a esta vista resultan lo suficientemente abusivos como para merecer el repudio sin más consideraciones, entendemos que el problema de fondo es que algunos comercio exijan a los consumidores como único pago posible el dinero en efectivo”, dijo.

Agregó que “es de notar que los cajeros automáticos independientes de ordinario se encuentran dentro de comercios o por actividades en las que solo se acepta como medio de pago el efectivo. Además pasa en ocasiones que el dueño del comercio también lo es del cajero automático"

En tanto, la secretaria auxiliar del Departamento de Hacienda, Ana Montañez, coincidió con el titular del DACO al indicar que al no tener la obligación en ley de regular los cargos por servicio en los cajeros, no tenían jurisdicción sobre eso.
El municipio de San Juan también fue citado a la audiencia pública.

No obstante, el ayuntamiento capitalino se excusó alegando que había una investigación en curso sobre este suceso y que posteriormente referirían a la comisión sus hallazgos.

El próximo martes es la segunda audiencia pública sobre el tema, con las citaciones a la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), la Asociación de Bancos de Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), la Corporación para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), Cardtronik y empresas que manejan máquinas ATM.