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Criminalidad y Justicia

Pruebas ADN excluyen a convictos por asesinato ocurrido en 1988

Según unas muestras procesadas por Forenses, tres convictos, quienes llevaban más de 20 años tras las rejas, no están vinculados con un crimen realizado en 1988. En Puerto Rico, esta es la primera vez que se hace una prueba de ADN post sentencia.
17 May 2016 – 05:56 PM EDT

GUAYNABO, Puerto Rico.- Puerto Rico aplicó por primera vez la ley que permite recurrir a pruebas de ADN para probar la inocencia de personas convictas por error, un texto que aprobó el pasado 20 de diciembre para así dejar de ser la única jurisdicción estadounidense sin esa posibilidad.

Luego de varios meses de espera y tras ser sometidos a muestras de ADN que fueron comparadas con la evidencia encontrada en la escena del asesinato de Glorimar Pérez Santiago ocurrido en Aguadilla en 1988, los tres convictos de este crimen fueron excluídos del mismo.

Según muestras procesadas por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), Nelson Ruiz Colón, Nelson Ortiz Álvarez y José Caro, quienes llevaban más de 20 años tras las rejas, el material genético encontrado no pertenece a ninguno de los hombres encarcelados por el crimen.

Por años, los tres convictos aseguraban que eran inocentes del crimen de la joven reina de belleza. Los tres hombres fueron sentenciados entre 125 y 150 años de prisión tras ser hallados culpables por el secuestro, violación y asesinato de la universitaria.

En Puerto Rico, esta es la primera vez que se hace una prueba de ADN post sentencia.

Las pruebas muestran la presencia de un hombre y mujer desconocidos pero no coinciden con ninguno de los tres acusados.

Según explicó a El Nuevo Día el licenciado Julio Fontanet, director del Proyecto Inocencia de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y representante legal de Nelson Ortiz, “hay un calzoncillo y un papel sanitario que arrojó ADN de hombre y mujer que no son ni de Glorimar ni de los tres muchachos.”

El trio, natural de Aguada, fue condenado a más 100 años de prisión por secuestrar, violar y asesinar a la joven estudiante, y luego lanzar su cadáver en la playa Jobos de Isabela. Estos hechos ocurrieron el 30 de julio de 19887 cuando la joven aguadeña se dirigía hacia las canchas de tenis de la Base Ramey en el pueblo de Aguadilla. Sin embargo, su cuerpo fue recuperado sin vida cerca de la playa Jobos en Isabela. El cuerpo de Glorimar presentaba tres impactos de bala y estaba semidesnudo, por lo que se dedujo que fue víctima de abusos de tipo sexual.

La investigación del caso comenzó el 31 de julio de 1988 y concluyó el 30 de julio del 1993. Fue a través de confidencias que el agente Ramón Pérez Crespo, quien estuvo a cargo de la investigación, relacionó a Ortíz Álvarez con el caso.

El caso, fue uno plagado de incongruencias y los convictos aseguran que fue uno “fabricado”. A pocos meses de su sentencia, dos de los testigos de la fiscalía se retractaron de sus testimonios y el mismo juez que los sentenció, Reynaldo Franqui Carlo, dio paso a una moción de nuevo juicio y ordenó su excarcelación el 21 de diciembre de 1995.

No obstante, estos fueron reingresados a prisión un 22 de noviembre de 1998 luego de que el Tribunal Apelativo revocara al juez Franqui Carlo.

Dos intentos anteriores de conseguir un nuevo juicio fracasaron, siendo este un tercero.

Sin embargo, anteriormente se había explicado que aun si el ADN de los convictos no es compatible con el recuperado por lo forenses hace décadas, el Departamento de Justicia no anticipa que estos sean excarcelados.

Este avance en el caso se da luego de la intervención del Proyecto Inocencia considerada la Ley más importante aprobada en nuestro sistema de justicia penal en la última década.

Esta Ley tiene como propósito el identificar casos de personas que se encuentran injustamente condenadas en Puerto Rico y darles la oportunidad de demostrar su inocencia.

Según explicó el gobernador Alejandro García Padilla cuando la firmó, esta ley "establece el procedimiento para que el convicto pueda solicitar un análisis de ADN sobre evidencia en posesión del Gobierno que nunca se analizó, evidencia nueva o evidencia que a pesar de ser analizada aún haya una legítima duda acerca de la certeza de los resultados".

Puerto Rico era la única jurisdicción estadounidense que no tenía una ley de ADN, impulsada por la organización Innocence Project, que argumenta que en EE.UU. el 75 % de los excarcelados gracias a sus pruebas de ADN fue reconocido por testigos en ruedas de reconocimiento.

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