La Junta Fiscal pide anular la ley 29 que busca reducir las cargas administrativas de los municipios de la Isla

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para Puerto Rico, ha solicitado este viernes anular la Ley 29 que buscaba reducir las cargas administrativas de los municipios de la isla.

La Junta de Supervisión solicitó la acción legal debido a que la Ley 29 transferiría cientos de millones de dólares de deuda de retiro municipal y obligaciones de servicios de salud al Gobierno de Puerto Rico, ya que, entre otros asuntos, elimina la obligación de los gobiernos municipales para reembolsar al erario público por los gastos de pensión de sus retirados.

La moción presentada por la JSF para anular la pieza, establece que la Ley 29 es inconsistente con el Plan Fiscal para Puerto Rico y que se aprobó en violación a la Ley PROMESA.

"En aras de salvaguardar los intereses del pueblo de Puerto Rico debemos dar punto final a estas prácticas lo más pronto posible sin incurrir en los gastos de un juicio prolongado", indicó la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko, en un comunicado.

"Los empleados del Gobierno de Puerto Rico merecen que se les asegure una pensión a través de presupuestos sostenibles y responsables", agregó.

La responsabilidad fiscal y los presupuestos equilibrados que exige PROMESA "se basan en prácticas probadas y transparentes para asegurar que el Gobierno siempre pueda cumplir con sus obligaciones", añadió.

Contrario a las exigencias de PROMESA, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley 29 en mayo de 2019 "sin la aprobación de la Junta de Supervisión", indicó.

La Junta de Supervisión radicó su demanda el pasado julio ante el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico se creó bajo la ley bipartita Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (PROMESA) de 2016.

También te puede interesar