HARRISBURG, Pensilvania.- En cuestión de meses, decenas de agencias policiales en Pensilvania han firmado acuerdos de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como parte de una expansión agresiva del programa federal 287(g) impulsado por la administración del expresidente Donald Trump.
Colaboración con ICE crece en Pensilvania, entre los estados con mayor aumento
Mientras ICE multiplica acuerdos con policías locales y oficinas de alguaciles bajo el programa 287(g), defensores de inmigrantes alertan sobre demandas millonarias, pérdida de confianza y familias fracturadas.
Por:Univision
Pensilvania registra aumento de colaboración local con ICE.
Imagen U.S. Marshals Service Philadelphia.
De acuerdo con datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número de acuerdos activos en Pensilvania creció de 10 a 39 en menos de un año, marcando uno de los aumentos más significativos a nivel nacional. En total, ICE reporta más de 1,000 convenios en 41 estados, frente a los 622 que existían en mayo, y 16 solicitudes adicionales en espera de aprobación.
El programa, creado bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996, permite que agencias estatales y locales asuman ciertas funciones migratorias bajo supervisión de ICE. Los acuerdos pueden adoptar diferentes formas: desde colaboración dentro de cárceles, hasta modelos de grupo de trabajo donde oficiales locales participan activamente en tareas migratorias como la ejecución de órdenes administrativas.
ICE sostiene que el programa refuerza la seguridad pública y complementa la labor de sus cerca de 20,000 agentes a nivel nacional.
“Estamos invitando a todas las agencias a sumarse. No solo tendrán acceso a reembolsos inéditos, sino que estarán colaborando en un esfuerzo nacional para proteger a cada familia estadounidense”, afirmó Madison Sheahan, subdirectora de ICE, en un comunicado difundido por DHS.
Incentivos económicos y motivaciones políticas
Como parte de su estrategia de expansión, ICE anunció que a partir del 1 de octubre, las agencias participantes podrán recibir hasta el 25 % del salario y beneficios de cada agente capacitado, así como bonos trimestrales de hasta $1,000 por oficial.
Estos incentivos resultan especialmente atractivos para oficinas de alguaciles, cuyos titulares son electos y, en Pensilvania, no perciben un salario fijo, sino que reciben pagos por servicio, según explicó Lou Marcozzi, presidente de la Asociación Estatal de Agentes del Estado.
“Muchos agentes se han inscrito porque necesitan el dinero. La estructura de compensación en Pensilvania hace que este programa sea una fuente adicional de ingresos”, declaró Marcozzi.
Reacción local: apoyo, rechazo y demandas
Mientras algunas comunidades ven el programa como una herramienta para combatir el crimen, otras lo perciben como una amenaza para los derechos civiles y la cohesión social, reporta The Inquirer. En el condado de Bucks, la decisión del alguacil Fred Harran de firmar un acuerdo con ICE desató protestas, una demanda legal y una resolución oficial que advierte sobre posibles responsabilidades personales para los empleados del condado.
“Estamos presenciando un avance muy agresivo de ICE hacia agencias vulnerables, muchas sin base legal clara para unirse al programa”, sostuvo Keith Armstrong, abogado de inmigración de la ACLU de Pensilvania, organización que ha demandado a Harran.
La audiencia sobre el caso está programada para este martes en Doylestown, y podría sentar un precedente sobre el alcance del programa federal a nivel municipal.
Grupos de derechos civiles, como Indivisible Bucks County, advierten que el costo del programa va más allá de lo financiero.
“La confianza entre la policía local y las comunidades inmigrantes se está erosionando. Estamos viendo familias separadas y personas que temen denunciar delitos”, dijo Laura Rose, directora del grupo.
Según expertos en derecho migratorio, el uso de agentes locales como ejecutores de leyes federales puede abrir la puerta a abusos de autoridad, perfiles raciales y demandas costosas contra los gobiernos locales.
Un estado dividido
Mientras áreas como Filadelfia mantienen políticas de “ciudad santuario” que limitan la cooperación con ICE, otras regiones del centro y oeste de Pensilvania han abrazado el programa 287(g).
En el condado de Lancaster, por ejemplo, siete agencias ya firmaron acuerdos. Otras agencias participantes incluyen la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, la Fiscalía del Condado de Somerset y el Departamento de Policía del Municipio de Robinson en el condado de Allegheny.
En contraste, estados como Nueva Jersey y Delaware prohíben por ley los acuerdos 287(g), mientras que Texas y Florida exigen por ley que agencias locales participen si operan centros de detención.
Una expansión aún en marcha
Según ICE, el número de nuevos acuerdos continúa creciendo casi a diario, y ya existen más de una docena en trámite sólo en Pensilvania. A pesar del aumento, las 39 agencias firmantes representan una pequeña fracción de las más de 990 agencias policiales que operan en el estado.
“Algunos departamentos están alineados completamente con la agenda de deportación de esta administración”, señaló Aaron Reichlin-Melnick, analista sénior del Consejo Americano de Inmigración. “Cuanto más cerca esté ICE de la policía local, mayor será el costo humano y financiero”.
Por ahora, el debate sobre el futuro del 287(g) en Pensilvania se libra tanto en las calles como en los tribunales, mientras comunidades, oficiales electos y defensores de derechos humanos se enfrentan a decisiones con consecuencias legales, políticas y sociales de largo alcance.
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