Antes de que la ley SB-1718 entrara en vigor en Florida, Santiago contaba con más de 25 trabajadores para varios proyectos de construcción, no obstante desde el pasado 1 de julio empezó a notar un descenso de sus empleados, pues actualmente solo cuenta con ocho. El hombre asegura que la principal razón de que sus trabajadores se vayan es por miedo a que les pidan documentos para verificar su estatus migratorio. “Tener que irse del estado para comenzar de nuevo es duro”, dijo.