ORLANDO, Florida.- Nancy M., una inmigrante que vive en Florida y que desde hace años se presenta puntualmente a sus citas con las autoridades migratorias mientras intenta obtener la residencia permanente, recibió este año una noticia que la dejó sin aire: una factura de casi $1.8 millones en multas civiles acumuladas.
Multas millonarias a inmigrantes: caso de Florida llega a tribunales federales
Abogados denuncian que las multas migratorias son desproporcionadas e inconstitucionales. DHS defiende las sanciones y afirma que los inmigrantes deben enfrentar consecuencias legales.
Por:Univision
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El monto, según explica la demanda en la que ella figura como una de las dos demandantes iniciales, fue calculado a partir de multas diarias de $998 que el gobierno federal comenzó a imponer durante los últimos cinco años, luego del retorno del presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
El caso de Nancy no es aislado. Un equipo de abogados presentó el jueves una demanda en un tribunal federal de Massachusetts contra las autoridades de inmigración de Estados Unidos, acusando al gobierno de aplicar “multas civiles ruinosas” a inmigrantes que, lejos de evadir la ley, aseguran que intentan cumplir con los procesos legales establecidos.
De acuerdo con los documentos presentados, estas multas han sido impuestas a más de 21,500 personas y, desde principios de este año, han acumulado más de $6,000 millones.
La demanda busca convertirse en una acción colectiva que represente a todos los inmigrantes afectados por estas sanciones económicas, las cuales, según los abogados, son tan altas que resultan prácticamente impagables para cualquiera. Los demandantes alegan que estas multas son inconstitucionales y “sumamente desproporcionadas” en relación con cualquier violación migratoria.
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Hasan Shafiqullah, abogado supervisor de The Legal Aid Society y uno de los representantes legales del caso, afirmó en un comunicado que las personas afectadas “están haciendo exactamente lo que la ley requiere: buscar alivio legal a través de los tribunales y las agencias de inmigración”. Según él, mientras cumplen con sus revisiones anuales y presentan sus solicitudes, el gobierno les está respondiendo con amenazas de embargos de salarios, autos e incluso viviendas, generando un clima de miedo especialmente intenso entre familias trabajadoras latinas en estados como Florida.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) desestimó la demanda, calificándola como “otro intento de anular la ley federal de inmigración a través de litigios activistas”. En un comunicado, la subsecretaria Tricia McLaughlin señaló que los inmigrantes incluidos en el caso “están aquí ilegalmente” y que buscan evitar consecuencias previstas en la ley federal. “Los demandantes están demandando para poder permanecer en el país ilegalmente sin ninguna penalización, lo cual es contrario a décadas de legislación”, aseguró.
Estas multas forman parte de una política migratoria reforzada tras el regreso de Trump al poder. En febrero, DHS anunció que personas que permanecieran en el país sin autorización podrían enfrentar “penalizaciones financieras significativas” como parte de una estrategia para incentivar la salida voluntaria. En ese momento, McLaughlin reiteró el mensaje de la administración Trump, respaldado también por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem: “Váyanse ahora. La administración hará cumplir todas nuestras leyes de inmigración”.
El proceso judicial recién comienza y podría afectar a miles de inmigrantes que viven en estados como Florida, donde muchos, como Nancy, han permanecido bajo supervisión oficial mientras intentan regularizar su estatus. El tribunal de Massachusetts deberá decidir si las multas pueden mantenerse o si, como alegan los demandantes, violan principios fundamentales establecidos en la ley estadounidense.
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