Las prioridades de deportación propuestas por la actual administración estaban enfocadas en extranjeros que constituyen una amenaza a la seguridad pública, nacional y fronteriza de Estados Unidos. Ahora, debido a un fallo judicial emitido el pasado 10 de junio por un juez federal en Texas, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tendrá nuevamente la autonomía para deportar a cualquier inmigrante con una orden de deportación pendiente.