La propuesta busca que los propietarios de las viviendas proporcionen a los inquilinos una lista de todas las tarifas que se van a cobrar. Asimismo, los dueños deberían avisar con 60 días de anticipación la decisión de incrementar el precio de la renta. La iniciativa de declaración de derechos también incluiría la creación de una oficina gubernamental para que todas las normas se cumplan.