Un juez federal anuló las políticas de 2025 del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, las cuales permitían arrestos generalizados en los tribunales y ampliaban el tiempo de retención en centros temporales. Esta decisión judicial busca aliviar el temor de miles de personas con audiencias pendientes, garantizando un entorno seguro para los inmigrantes que deben acudir a la corte a cumplir con sus distintos procesos administrativos.