Este jueves ya habían sido suspendidos ocho servidores públicos que no hicieron su declaración jurada de patrimonio, tal y como lo ordenó el presidente Luis Abinader. 4,400 funcionarios y exfuncionarios cumplieron con la medida, mientras que otros 3,200 no la acataron. Estos se exponen a suspensión de pago y funciones y a una destitución. La directora de Ética Gubernamental de ese país explica esta política.