Activistas, funcionarios públicos y miembros de la comunidad se reunieron este miércoles frente a las oficinas centrales de la policía de la ciudad para pedir que no sean los uniformados quienes acudan a las llamadas de emergencia en los que hay personas con problemas de salud mental. El grupo argumenta que en múltiples ocasiones los agentes que asisten a este tipo de situaciones no tienen el entrenamiento adecuado para lidiar con alguien que padece una condición diferente.