Aunque el complejo residencial inicialmente fue creado como parte de un programa de vivienda asequible para los más desfavorecidos, actualmente los inquilinos deben enfrentarse a una propuesta que podría incrementarles los precios de la renta hasta en un 80%, en un periodo de tres años. "Tienen que decidir entre pagar la renta o mandar sus hijos a la universidad", asegura Daniela Castillo, miembro de la organización El Puente, la cual apoya la lucha de los arrendatarios para evitar la aprobación de dicha iniciativa.