La iniciativa pretende eliminar de manera automática el récord criminal de las personas reseñadas en el sistema de justicia del estado. Para quienes cometieron delitos graves se emplearía la medida tres años después de haberse dictado la convicción y para aquellos condenados por delitos menores se aplicaría un año después. Un analista explica por qué la propuesta podría beneficiar a delincuentes con expedientes muy peligrosos, que "no merecen el mismo trato" que otros condenados.