La medida fue aprobada con un 66,9% de votos a favor y 33,1% en contra. Sin embargo, aún la legislatura estatal debe regular su compra y uso, además de determinar su impacto en temas de educación, salud, economía y justicia penal. Activistas celebran la medida que califican de "justa", mientras que algunos habitantes lamentan la aprobación y alegan que esta "afectará a la juventud".