La sanción de 75 millones de dólares responde a una demanda presentada en 2010, calificando las multas como un patrón de rutina ilegal. Señalan que al menos 900.000 infracciones cometidas entre 2007 y 2015 fueron penalizadas sin justificación legal. Para este cometido, se enfocaban en comunidades donde viven minorías.