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Crónicas de la desinformación

Mentir no es delito, causar daño sí: qué aprendimos con la condena de Alex Jones

Así como el mafioso Al Capone no fue arrestado por los asesinatos que cometió u ordenó, el director de Infowars no fue sentenciado por mentir. La multa millonaria que tendrá que pagar tiene que ver con el sufrimiento que causó. Las diferencias entre cómo se manejan esos casos en EEUU y el resto del mundo.
Publicado 16 Ago 2022 – 07:54 AM EDT | Actualizado 16 Ago 2022 – 03:47 PM EDT
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Alex Jones, director de Inforwar, condenado a pagar daños punitivos por el sufrimiento que generaron sus mentiras sobre Sandy Hook. Crédito: Arte: Arlene Fioravanti

Para quienes se preocupan por el avance de la desinformación mundial, la notícia ha sido muy buena. Alex Jones, uno de los principales difusores de mentiras y teorías de conspiración del planeta, ha sido condenado a pagar más de $40 millones a los padres de uno de los 20 niños asesinados en diciembre de 2012 en la escuela elemental Sandy Hook.

También ha sido muy interesante saber que, según el propio Jones, una multa tan grande como esta puede llevar al cierre no solo de la página web Infowars – reconocida por la cantidad de noticias falsas que publica – sino también de la empresa Free Speech Systems, propietaria del sitio web y con la que factura millones difundiendo desinformación desde 1999.

Es un importante episodio que llama la atención sobre un punto: así como el gánster Al Capone no fue arrestado por las muertes que ordenó o cometió, sino por evasión de impuestos, Jones no fue condenado ni por mentir ni por desinformar. Su sentencia es resultado de una demanda por daños movida por la familia de Jesse Lewis, un niño que murió en la escuela de Connecticut cuando tenía solo 6 años de edad.

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Tras aquella dolorosa masacre infantil, Jones saltó a las redes sociales y a Infowars para decir que lo de Sandy Hook no había sucedido, que las víctimas y sus familias eran actores y que el triste evento había sido orquestado por el gobierno de Estados Unidos con la intención de presionar al Congreso para aprobar leyes más duras contra la compra y el porte de armas.

Jones – evidentemente – mentía. Pero no ha sido condenado por ello. Y no sería así en casi ningún país democrático del mundo, porque para tristeza de algunos, mentir no es crimen.

Los abogados de la familia Lewis sabían de eso y, correctamente, decidieron demandar a Jones por el sufrimiento y el dolor que sus mentiras les provocaron. Y había muchas pruebas de esto.

Encuestas realizadas por Joseph Uscinski, profesor de ciencia política de la Universidad de Miami, mostraron, por ejemplo, que entre 15% y 20% de las personas entrevistadas en la última década creen en las palabras de Jones.

Piensan – y repiten – que tiroteos como el de Sandy Hook esconden intereses gubernamentales. Que pueden haber sido una ‘puesta en escena’. Imaginemos lo difícil y doloroso que es escuchar algo así tras haber perdido un hijo.

Los abogados de Jones también estaban listos. A lo largo del proceso judicial, Jones protestó varias veces contra la demanda, alegando que consistía un ataque a la Primera Enmienda de la Constitución. Que afectaba su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa.

La Justicia de Estados Unidos tuvo que cuidadosamente evaluar este punto. Al final, el juzgado confirmó que la libertad de uno termina cuando empieza el sufrimiento del otro. Los seguidores de Jones siguen repitiendo por las redes que la condena ha sido injusta. Hablan incluso de inconstitucionalidad. Pero hay otro debate más importante ahora.

Las fallidas e interesadas estrategias para criminalizar de las 'fake news'

La sentencia de Jones posiblemente llevará a los estadounidenses a debatir sobre la criminalización de las 'fake news'. Y, por esto, me adelanto.

Estudio este tema desde 2018 y puedo afirmar que ninguno de los países que establecieron leyes para parar o reducir la desinformación realmente lograron hacerlo. Una ley contra la mentira (digital o no) no minimiza su creación, difusión y viralización. Pero sí puede crear un peligroso y poco democrático precedente para la censura.

Un ejemplo: en abril de 2018, Malasia condenó a la primera persona por difundir "fake news", un ciudadano danés que estaba en Kuala Lumpur. Salah Salem Saleh Sulaiman había grabado un video en YouTube diciendo que la policía local había tardado 50 minutos para socorrer un palestino baleado. La policía probó en el juzgado que había tardado 8 minutos y el danés fue encarcelado. Imaginemos ahora cómo estarían las cárceles de Estados Unidos si algo así se aplicara aquí.

En Indonesia y Tailandia, las leyes son aún más duras. Hay madres que han sido arrestadas por "mentir en el WhatsApp" y los periodistas ni siquiera usan la expresión 'fake news' por miedo de ser malinterpretados y arrestados.

En Singapur, el gobierno le dice a las redes sociales qué contenidos son falsos y qué etiquetas deben llevar. En la India, el gobierno corta internet por días y días cuando la tensión y los conflictos callejeros aumentan en la conflictiva zona de Cachemira.

Imaginemos un Estados Unidos sin internet – y posiblemente parado – si se aprobara una ley para autorizas la suspensión de la red como manera de evitar las 'fake news'.

No hay un consenso mundial sobre la definición de 'fake news', pero todos sabemos qué es el sufrimiento, el dolor y el daño. Entonces, que individuos como Alex Jones caigan en los tribunales por el infierno que crean en la vida de los demás. Eso es bastante más fácil de comprobar judicialmente.

Cristina Tardáguila es directora senior de programas de ICFJ y fundadora de Agência Lupa.

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