El congresista Adriano Espaillat realizó varios recorridos por las zonas que podrían sufrir modificaciones. La propuesta plantea 5,000 unidades residenciales para personas de bajos ingresos, incluidas 1,000 para miembros de la tercera edad. El contralor de la ciudad asegura que la idea es evitar un éxodo y garantizar el acceso a nuevas viviendas.