Activistas y líderes comunitarios exigieron las suspensión de una orden federal que requiere que la agencia de inmigración y aduanas (ICE) mantenga llenas unas 34,000 camas en sus centros de detención. Añaden que esta ley impide dejar en libertad a indocumentados que comenten delitos menores en lo que esperan la fecha de su audiencia migratoria.