Exasesora política es enviada a tratamiento mental tras fingir violento ataque en su contra

Un juez federal determinó que la excolaboradora del representante Jeff Van Drew, Natalie Greene deberá recibir tratamiento metal mientras avanza el proceso penal en su contra.

La mujer de 26 años está acusada de haber planeado un ataque violento falso que inicialmente presentó a las autoridades como una agresión motivada por razones políticas.

Greene, antigua representante de servicios al ciudadano del congresista por Nueva Jersey, fue imputada por conspiración y proporcionar información falsa a las autoridades federales.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y no perderte ninguna actualización.

La fiscalía sostiene que la residente de Ocean City organizó una escena de violencia en la Reserva Natural de Egg Harbor a finales de julio, con la ayuda de una acompañante no identificada.

Según los registros judiciales, la exasesora fue hallada con signos de ataduras, la cara cubierta y múltiples heridas superficiales. También presentaba frases escritas en el torso que hacían referencia tanto al expresidente Donald Trump como al propio Van Drew.

Sin embargo, la narrativa cambió cuando los investigadores detectaron elementos inconsistentes. Entre ellos, bridas encontradas en el vehículo de Greene que coincidían con las utilizadas durante el presunto ataque y registros de búsqueda en el teléfono de su cómplice.

Además, las autoridades dieron con una artista de modificación corporal en Pensilvania que reconoció haberle realizado cortes intencionales por un pago previo, presentando incluso fotografías y un recibo fechado el mismo día del supuesto incidente.

Greene había sido liberada anteriormente bajo una fianza de 200,000 dólares y con un dispositivo de monitoreo GPS. No obstante, la jueza federal Elizabeth Pascal ordenó que la acusada ingresara a un programa de tratamiento residencial.

Una vez completado el tratamiento, Greene deberá volver a colocarse el brazalete de rastreo mientras continúa su proceso judicial. De ser declarada culpable, enfrenta hasta 10 años de prisión y multas que podrían alcanzar los 250,000 dólares por cada uno de los cargos federales en su contra.

Las autoridades aún investigan el nivel de responsabilidad de la acompañante que llamó al 911 la noche del suceso y que aparece en los documentos como cómplice. Hasta ahora no se ha confirmado si enfrentará imputaciones adicionales.

Te puede interesar: