El pasado viernes el gobernador Phil Murphy firmó un proyecto de ley que prohíbe que los centros de detención y cárceles privadas o estatales revivan, extiendan o renueven contratos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Ante esto Jackie Zapata, de New Jersey Alliance for Inmigrant Justice, asegura que “este es un paso que ayuda a empujar a inmigración fuera del estado”.