Pese a que es ley facilitar el acceso a personas con dificultades de movilidad, varios propietarios de complejos de apartamentos omiten la reglamentación sin importarles las consecuencias. Para evitar injusticias, miembros de la comunidad disponen de la línea 3-1-1 en la cual pueden expresar sus inconformidades y hacer valer los derechos que tienen como arrendatarios.