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Propuestas de ley podrían brindar acceso a la educación superior a jóvenes indocumentados

Se trata de la SB615 y la HB319, ambas propuestas autorizarían a ciertos beneficiarios de DACA recibir el derecho de pagar colegiatura como si fueran residentes del estado en las Universidades públicas y Colegios Comunitarios de Carolina del Norte.
10 Abr 2019 – 5:29 PM EDT

CAROLINA DEL NORTE, Raleigh.- Dos propuestas de ley brindarían acceso a la educación superior a jóvenes indocumentados, sin embargo, activistas señalan preocupación porque presuntamente el Gobernador Cooper no ha puesto fondos en el presupuesto estatal para cubrir estos gastos.

Se trata de la SB615 y la HB319, ambas propuestas autorizarían a ciertos beneficiarios del estatus de Protección para los Llegados en la Infancia (DACA) por sus siglas en inglés a recibir el derecho de pagar colegiatura como si fueran residentes del estado en las Universidades públicas y Colegios Comunitarios de Carolina del Norte.

SB615

La primera propuesta titulada: beneficiarios de DACA / matrícula estatal, busca autorizar a ciertos beneficiarios de DACA a recibir el derecho de pagar colegiatura como si fueran residentes del estado en las Universidades públicas de Carolina del Norte y Colegios Comunitarios en este estado.

Bajo esta Propuesta de Ley, la Asamblea General de Carolina del Norte promulgaría que ciertos estudiantes pudieran acceder al pago de matrícula dentro del estado, es decir, a un costo menor al que normalmente pagan los estudiantes extranjeros o indocumentados que son considerados fuera del estado y que normalmente duplica el monto.


ALGUNOS REQUISITOS DE LA SB615 y la HB319:

La persona debe contar con un diploma de una escuela secundaria dentro de carolina del norte o haber recibido un diploma de equivalencia de escuela secundaria dentro del estado.

La persona debe haber asistido a las escuelas de Carolina del Norte por un mínimo de dos años consecutivos inmediatamente antes de completar la escuela secundaria.

La persona es beneficiaria de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) y proporciona documentación al constituyente.

La persona cumple con los estándares de admisión para la institución educativa o colegios comunitarios a los que solicitó admisión.

El aplicante se matriculó como estudiante en la institución educativa o colegio comunitario.


HB 319

Muy similar a la anterior, la HB 319 llamada Equidad de Matrícula en el Estado, busca que a ciertos jóvenes inmigrantes se les otorgue matrícula de residente.

Los requisitos para esta propuesta son básicamente los de la SB615 solicita, pero añade el siguiente punto fundamental: “si la persona no tiene un estatus legal de inmigración, deberá presentar una declaración jurada con la institución educativa o colegio comunitario para la persona inscrita, indicando que el estudiante ha presentado una solicitud para legalizar su estatus migratorio o presentará una solicitud tan pronto como él o ella sea elegible para hacerlo.

Iliana Santillán, Directora de Juntos NC, ve con buenos ojos estas propuestas de ley. “Como Coalición Adelante hemos estado trabajando muy duro ya por más 10 años buscando este acceso a la educación superior para los jóvenes indocumentados”.

Actualmente, las personas que tienen DACA a pesar de contar con estatus legal de protección temporal, tienen que pagar colegiaturas fuera del estado, lo que significa un costo más elevado para algunas familias, un detonante para que muchos jóvenes trunquen sus estudios superiores.


ESTUDIANTES DACA

Hasta el 2017, en Carolina del Norte había 27,385 estudiantes aprobados para DACA, al 2018, hay en todo el país cerca de 704 mil beneficiaros del programa de acuerdo al Departamento de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos.


“Estamos muy emocionados de que ahora existen dos propuestas de ley, una por parte de la casa de representantes y otra por parte del senado, entonces esperamos que avancen y que tengan un efecto positivo para nuestra comunidad, en especial para los jóvenes”.

De convertirse en ley, ambas, la SB615 y la HB319 entrarían en vigor el 1 de julio de 2019, aplicando a partir del curso académico 2019-2020.


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