El fiscal general de Carolina del Norte, Jeff Jackson, demandó al Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Oficina de Administración y Presupuesto por la suspensión de los beneficios de SNAP. La querella, que es en conjunto con otros 23 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia, alega que la decisión es “ilegal”, debido a que se está negando el uso de $6,000 millones disponibles en fondos de emergencia para mantener el programa activo.