Fiscal de Arizona, contra instalación de ICE en Surprise: La demanda de Kris Mayes

PHOENIX, Arizona – Kris Mayes, fiscal general de Arizona, informó de una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para impedir que se abra en Surprise, en el Valle Oeste, un centro de detención.

Según los registros de propiedad de Maricopa, fue en enero cuando el DHS compró en unos $70 millones un almacén cerca de la avenida Sweetwater y la carretera Dysart. De seguir adelante con los planes del gobierno federal, abriría sus puertas para septiembre próximo.

Mayes asegura que el almacén que se ha propuesto como una instalación federal está ubicado en una zona industrial, cerca de una instalación donde se almacenan productos químicos peligrosos, y afirma que ninguna de las dos agencias consideró las evaluaciones ambientales que requiere la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).

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Añade que la instalación viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que exige que la detención de inmigrantes se realice en sitios que se consideren apropiados. “La administración Trump no está exenta de cumplir la ley: ubicar una instalación de este tipo en esta zona es imprudente y peligroso”, destacó.

“Se pierde toda batalla que no se pelea. Hoy, el estado de Arizona decide pelear”, declaró la fiscal el viernes 24 de abril, al informar sobre la demanda.

Mayes, contra instalación de ICE en Surprise

Mayes dijo a la prensa: “Dada su ubicación en una zona potencialmente peligrosa por sustancias químicas, la instalación de Surprise no es, ni será jamás, apta para su uso como centro de detención masiva (…) Tal como está construido actualmente, el almacén de Surprise casi con certeza carece de la infraestructura de agua potable y alcantarillado necesaria para albergar de forma segura a tantas personas”.

Mayes afirma que el potencial centro de detención aumentaría el tráfico y ejercería una mayor presión sobre los servicios de emergencia locales y estatales, particularmente en caso de que hubiera algún incidente en el mencionado sitio donde se manejan sustancias químicas.

Además, la fiscal agrega: “ El gobierno federal no consultó a los habitantes de Surprise sobre si querían esta instalación en su vecindario. Simplemente compraron un almacén, adjudicaron un contrato de 300 millones de dólares a una empresa privada y le dijeron a la ciudad que se las arreglara. Haremos todo lo posible para exigir responsabilidades al gobierno federal y proteger la salud y la seguridad de esta comunidad”.

Según la demanda --en la cual se menciona al secretario de DHS, Markwayne Mullin, y a Todd Lyons, quien es director interino de ICE—la administración Trump deberá cumplir con uno de estos requerimientos para seguir adelante con su plan:

• identificar una exclusión categórica,
• elaborar una declaración de impacto ambiental,
• realizar una evaluación ambiental que dé como resultado la declaración de impacto o una declaración pública formal de que no existe impacto ambiental significativo.

Catherine Miranda, la senadora estatal demócrata por el Distrito 11 que acompañó a la fiscal Mayes en el anuncio, añadió: “Si a esto le sumamos cientos de personas encerradas sin posibilidad de autoevacuación, la situación se vuelve mucho peor”.

Analise Ortiz, también senadora estatal, dijo en el evento que “ en todos los centros de detención en Estados Unidos hay muchos casos de abuso de derechos humanos, y la gente de la ciudad de Surprise dice que no quiere un edificio así, donde hay mucho sufrimiento de inmigrantes.

Por su parte, el alcalde de Surprise, Kevin Sartor, emitió un comunicado tras el anuncio de la fiscal, en el que dijo que la medida de Mayes “refleja las preocupaciones que se han planteado constantemente en nuestra comunidad, incluso por el Ayutamiento de Surprise, con respecto a la propuesta de instalación federal de ICE”.

Sartor concluyó: “La ciudad de Surprise seguirá de cerca el proceso legal y mantendrá una comunicación constante con sus socios federales”.

En tanto, estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Dysart también se han sumado al rechazo al centro de detención, bajo el argumento de que quedaría cerca de varios planteles escolares y, agregan, eso pondría en riesgo a estudiantes.

Particularmente se refieren a El Mirage Elementary School, Dysart Middle School y Dysart High School, a unas dos millas del almacén.

La respuesta de ICE

Mientras tanto, un comunicado emitido por ICE sostiene que este asunto “no tiene que ver con el medio ambiente. Se trata de intentar impedir que el presidente Trump garantice la seguridad en Estados Unidos.

“Antes de adquirir este terreno, ICE evaluó cuidadosamente el uso de las instalaciones existentes para minimizar el impacto ambiental”, agrega.

El futuro de este proyecto queda por ahora en manos de la corte.

Protestas contra ICE

Esta misma semana, líderes religiosos y activistas se manifestaron para exigir libertad condicional humanitaria para las personas con serias complicaciones de salud que se encuentren bajo custodia de ICE.

Reuters reportó que varios miembros del claro que pretendían entregar una carta con esa solicitud a una oficina de ICE en Arizona.

La petición se enfoca en quienes tienen problemas de salud como diabetes, hipertensión, leucemia linfocítica y pérdida parcial de audición, entre otras condiciones.

Quienes se manifestaron aseguran que la salud de los afectados se ha ido deteriorando a partir de su detención, y contempla a personas como Arbella Rodríguez Márquez, conocida como ‘Yari’ y quien, según su pareja Sonia Almaraz y la representante Yassamin Ansari lucha contra su leucemia linfocítica en el centro de detención de Eloy, en donde se encuentra desde hace poco más de un año.

No obstante, las autoridades afirman que es falso la enfermedad haya reaparecido.

También se encontraba en Eloy Lázaro Campos Izquierdo, un cubano que padece esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehring, y quien habría sido liberado el 20 de abril, tras haber permanecido cuatro meses bajo custodia.

Mientras tanto, el sitio ha sido el epicentro de varias protestas desde que se informó que el nuevo dueño es el Departamento de Seguridad Nacional.

Este sábado 25 de abril, decenas de personas se reunieron en Mesa, en rechazo a que ICE realice operativos y tenga instalaciones en Arizona.

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