ORLANDO, Florida.- Florida ejecutó este martes a William Frances Silvia Jr., de 61 años, por el asesinato de su esposa separada, Patricia Silvia, ocurrido en 2006. Silvia murió a las 6:11 p.m. después de recibir una inyección letal de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Con su muerte, el estado llegó a 13 ejecuciones en 2026, más de la mitad de las 23 realizadas en Estados Unidos este año.
Florida ejecuta a preso con antecedentes de enfermedad mental: fue el número 13 del año
William Silvia fue condenado por matar a su esposa separada y herir gravemente a su suegra en 2006. Sus abogados cuestionaron su ejecución por sus antecedentes de enfermedad mental y una apelación que abandonó.
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El caso de Silvia, sin embargo, tiene una historia legal y personal más compleja que la de una condena a muerte por asesinato. Organizaciones que se oponen a la pena capital, entre ellas Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP), cuestionaron durante meses la ejecución y señalaron los antecedentes de enfermedad mental del condenado, así como la forma en que renunció inicialmente a sus recursos de apelación.
Silvia fue condenado por asesinato en primer grado e intento de asesinato en primer grado. De acuerdo con los registros judiciales, en 2006 acudió a la vivienda donde Patricia estaba viviendo con su madre, Betty Woodard, después de que la pareja se separara. La familia estaba reunida en una parrillada cuando Silvia llegó y, tras un intento fallido de reconciliación, tomó una escopeta de su camioneta y disparó contra las dos mujeres.
Patricia murió y Woodard resultó gravemente herida. Silvia fue condenado a muerte por primera vez en 2008. Posteriormente, esa sentencia fue anulada debido a cambios en los procedimientos de imposición de la pena capital en Florida. En 2018, después de una nueva fase de sentencia, volvió a recibir la pena de muerte.
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Una enfermedad mental que estuvo en el centro de su caso
FADP sostiene que Silvia tenía antecedentes documentados de pensamiento delirante, paranoia, dependencia del alcohol y múltiples lesiones en la cabeza. La organización también señala que durante su infancia estuvo expuesto a violencia doméstica y sufrió abuso físico y emocional.
En los meses previos al asesinato, según FADP, Silvia perdió su empleo, quedó sin vivienda y experimentó un grave deterioro psicológico. La organización afirma que tanto los expertos de la defensa como los contratados por el Estado reconocieron su enfermedad mental como evidencia atenuante durante el juicio.
El jurado que recomendó la pena de muerte lo hizo por 11 votos contra 1, por lo que la decisión no fue unánime. FADP convirtió este aspecto en uno de los principales argumentos para pedir que la ejecución fuera detenida.
Después de ser enviado al corredor de la muerte, Silvia inicialmente renunció a sus recursos de revisión poscondena. FADP sostiene que esa decisión ocurrió mientras atravesaba una grave enfermedad mental y que no se realizó una evaluación médica adecuada antes de aceptar su renuncia.
La situación cambió después de una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 2016, conocida como Hurst v. Florida, que modificó las reglas relacionadas con la participación del jurado en las sentencias de muerte en el estado. Según FADP, aproximadamente 150 personas condenadas a muerte en Florida recibieron nuevas oportunidades para revisar sus sentencias.
Los nuevos abogados de Silvia argumentaron que él también debía tener una nueva audiencia de sentencia. Un juez de circuito aceptó inicialmente ese argumento y anuló su sentencia de muerte, lo que abrió la posibilidad de que un nuevo jurado decidiera entre cadena perpetua sin libertad condicional o la pena capital.
El estado apeló. La Corte Suprema de Florida finalmente revocó esa decisión y mantuvo vigente la renuncia de Silvia a sus recursos. En esa decisión hubo una opinión disidente del entonces juez Fred Lewis, quien cuestionó la forma en que se estaba aplicando la pena de muerte en el estado.
Los últimos intentos por detener la ejecución también fracasaron. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el martes la solicitud para suspenderla. Horas después, Silvia fue llevado a la cámara de ejecución.
Antes de morir, según las autoridades, Silvia ofreció unas últimas palabras en las que se disculpó por lo ocurrido y afirmó que nunca tuvo la intención de hacerle daño a Patricia.
La ejecución convierte a Silvia en el decimotercer preso ejecutado en Florida este año. El estado había realizado 19 ejecuciones en 2025, la cifra anual más alta de Florida desde que la pena de muerte fue restablecida en 1976. En julio, además, Florida ejecutó a dos presos durante el mismo día, algo que no ocurría en un estado del país desde hacía casi una década.
El ritmo continuará. Florida tiene programadas otras dos ejecuciones para septiembre: Harold Gene Lucas, de 74 años, está previsto para morir el 1 de septiembre, mientras que Daniel Owen Conahan Jr., de 72, tiene programada su ejecución para el 10 de septiembre.
Con la muerte de Silvia, Florida se mantiene como el estado que más utiliza la pena capital en Estados Unidos.
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