MIAMI, Florida.- Desde antes de que iniciara su operación, el centro de detención para inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes generó críticas entre defensores de derechos humanos, a tres meses del cierre de operaciones, nuevos datos alarmantes siguen surgiendo.
Alcatraz de los Caimanes usaba pequeñas jaulas como “zonas de calma”, según informe del DHS
En una inspección del sitio se hallaron prácticas violatorias de derechos humanos, aunque el personal asegura que algunos detenidos pedían entrar a las jaulas, se descubrió que también se usaban a modo de castigo.
Jaulas para "calmarse" eran usadas en Alcatráz de los Caimanes.
Imagen DHS.
De acuerdo con un informe de de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-OIG), el sitio utilizó pequeños recintos metálicos como “zonas de calma” para mantener aislados a detenidos durante periodos de hasta casi dos horas.
El reporte señala que 79 personas fueron colocadas en estos espacios entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026. Cada jaula tenía unos 18 pies cuadrados (1.7 metros cuadrados) de superficie.
La práctica fue considerada sin precedentes entre las instalaciones de detención de inmigrantes inspeccionadas previamente por el organismo federal y, según los investigadores, representaba “riesgos significativos” para la salud y la seguridad de los detenidos.
El centro, conocido como Florida Soft-Sided Facility (FSSF), Alligator Alcatraz o South Florida Detention Facility, dejó de operar en junio de 2026.
Jaulas presentadas como “zonas de calma”
Durante una inspección sorpresa realizada el 21 de enero de 2026, los investigadores encontraron al menos dos de estas jaulas en las áreas exteriores destinadas a la recreación.
El personal los describió como espacios para que los detenidos pudieran tranquilizarse, reducir la tensión y permanecer solos. Los funcionarios también dijeron que algunos detenidos solicitaban utilizarlos.
Sin embargo, el informe documentó al menos un caso en el que uno de estos espacios pudo haber sido utilizado como medida disciplinaria. Un registro del centro indica que un detenido permaneció 26 minutos en uno de los recintos por “no acatar una orden legal”.
Los espacios medían aproximadamente 4 pies y 3 pulgadas por 4 pies y 3 pulgadas, con una altura de 7 pies y 9 pulgadas. Aunque los empleados afirmaron que los detenidos no permanecían encerrados y que su tiempo era vigilado de cerca, los inspectores observaron mecanismos de cierre instalados en las estructuras.
El informe concluyó que el uso de estos recintos tan restrictivos no era compatible con los estándares de trato humano y con el principio de mantener a los detenidos en el entorno menos restrictivo posible.
Hacinamiento y poco acceso a recreación
Las j aulas fueron parte de un problema más amplio de condiciones de detención que, según los investigadores, incumplían varias normas.
El centro ofrecía solo 28 pies cuadrados de espacio por detenido cuando estaba a máxima capacidad, frente a los 75 pies cuadrados establecidos como mínimo por las normas aplicadas durante la inspección.
Los detenidos pasaban la mayor parte del tiempo dentro de sus unidades de alojamiento y solo podían salir para comer tres veces al día, tomar una ducha tres veces por semana, participar en recreación limitada o recibir atención médica.
En las unidades de manejo especial, las restricciones eran aún mayores. Salvo algunas personas bajo custodia protectora, los detenidos tenían acceso a la recreación general únicamente durante cinco horas semanales. Otros permanecían en los recintos metálicos y solo salían acompañados para ir al baño, acudir a citas legales o recibir atención médica.
Un detenido dijo haber permanecido ocho días en esa unidad sin ninguna oportunidad de recreación.
Los inspectores también encontraron que no había televisores ni juegos de cartas y que los materiales de lectura se limitaban principalmente a textos religiosos.
Problemas con atención médica y alimentación
El informe concluyó que FSSF cumplía con los estándares de admisión y uso de la fuerza, pero incumplía requisitos relacionados con salud ambiental y seguridad, unidades de manejo especial, atención médica, alimentación, higiene personal y recreación.
Los detenidos tampoco tenían acceso adecuado a materiales legales dentro de las unidades de manejo especial. Un detenido afirmó que durante sus ocho días allí no pudo utilizar un teléfono para comunicarse con su abogado o con un funcionario de inmigración. Los teléfonos instalados poco antes de la inspección no funcionaban.
El centro operó sin reglas claras
Los inspectores también encontraron confusión sobre las normas que debían aplicarse. El personal mencionó distintas reglas estatales y estándares federales de detención, sin que existiera un documento que estableciera claramente cuáles regían en el centro.
El DHS-OIG señaló que esa falta de claridad podía afectar la atención y el trato recibido por los detenidos. Para evaluar las condiciones, los investigadores compararon las normas penitenciarias de Florida con los estándares de detención de inmigración de 2019 y aplicaron el requisito más estricto cuando existían diferencias.
Alcatraz de los Caimanes comenzó a operar el 3 de julio de 2025 y fue establecido por el estado de Florida bajo la autoridad de la Ley de Manejo de Emergencias y una orden ejecutiva del gobernador Ron DeSantis.
Aunque el gobierno federal no tenía un contrato directo con el estado para operar el centro, nueve agencias de Florida tenían acuerdos bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
En septiembre de 2025, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) comprometió $608.4 millones para una instalación temporal de detención en Florida. En mayo de 2026 desembolsó $58.3 millones para gastos operativos autorizados, incluidos servicios para detenidos, personal y suministros.
El informe fue retrasado por una interrupción presupuestaria del DHS-OIG entre el 14 de febrero y el 30 de abril de 2026.
Las autoridades de Florida cerraron FSSF en junio, después de meses de críticas y litigios. La instalación se había convertido en uno de los símbolos más visibles de la política migratoria de la administración Trump.
