ICE ofrece pagar el seguro de policías locales que arresten migrantes: esto es lo que cubriría

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está proponiendo un plan para ayudar a proteger a los agentes de policía locales que realizan arrestos por motivos de inmigración de posibles consecuencias financieras si son acusados de mala conducta en el cumplimiento de su deber.

Según un documento de planificación publicado el viernes, la agencia propone subvencionar el seguro de responsabilidad civil para los funcionarios estatales y locales que reciben capacitación y son autorizados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

Las alianzas de ICE con los departamentos locales se han disparado desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado y podrían recibir un impulso adicional con un seguro de responsabilidad civil, eliminando un obstáculo que ha hecho que algunos departamentos de policía locales se muestren reacios a participar. Associated Press es el primer medio en informar sobre esta propuesta de seguro.

Según el plan, los agentes contratarían un seguro que cubriría hasta 500,000 dólares en responsabilidad civil, lo que normalmente sufraga los gastos legales, los acuerdos extrajudiciales y las sentencias judiciales. Los agentes recibirían un reembolso de hasta 250 dólares anuales, aproximadamente el coste estimado del seguro.

Un destacado crítico de la represión migratoria del ICE afirmó que el programa sería otra forma más para que los agentes eludieran la responsabilidad personal por su mala conducta.

“La preocupación radica en que el ICE está haciendo todo lo posible para garantizar que las fuerzas del orden no corran el más mínimo riesgo de responsabilidad por violar los derechos de los estadounidenses mientras ayudan al ICE a arrestar personas”, dijo David Bier, director de estudios de inmigración en el Instituto Cato, quien ha pedido al Congreso que facilite las demandas contra los agentes del ICE por mala conducta.

ICE detalló el plan en un documento en el que informaba a los representantes del sector que estaba considerando contratar a una empresa externa para que brindara apoyo en materia de divulgación, capacitación y comunicaciones para sus programas de colaboración 287(g) con los departamentos locales, denominados así por una sección de una ley de inmigración de 1996. Dicha empresa se encargaría de contratar al proveedor de seguros y procesar los reembolsos, entre otras tareas.

ICE ha solicitado comentarios del sector antes del jueves. El cronograma propuesto para el lanzamiento del programa y su costo estimado aún no están claros.

ICE no hizo comentarios inmediatos sobre el plan.

Las detenciones realizadas por los socios locales de ICE se han disparado desde el año pasado

Durante el segundo mandato de Trump, el ICE ofreció generosos incentivos financieros a las agencias locales participantes, lo que aumentó el número de agencias que se asociaron con el gobierno federal, así como el número de arrestos.

Según datos de ICE, cerca de 1.600 agencias en 32 estados tienen ahora acuerdos para participar en el modelo de grupo de trabajo de ICE, en el que agentes locales capacitados pueden interrogar, arrestar y acusar a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente.

Los departamentos pueden optar a financiación para cubrir gastos como los salarios de sus agentes, el equipamiento y los vehículos. Gracias al apoyo de funcionarios republicanos estatales y locales, las agencias de Florida, Texas, Oklahoma y Georgia se encuentran entre las pioneras.

Según los datos más recientes del ICE proporcionados al Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley, las detenciones realizadas a través de estos programas aumentaron a un promedio de 3000 por mes durante los dos primeros meses de 2026. Esto contrasta con el promedio mensual de 250 registrado en 2024 bajo la presidencia de Joe Biden.

Los departamentos y agentes locales están preocupados por la responsabilidad derivada del trabajo del ICE

A medida que los agentes locales realizan cada vez más labores relacionadas con la inmigración federal, tanto ellos como sus departamentos han expresado su preocupación por la responsabilidad civil que podría derivarse de las demandas por uso excesivo de la fuerza, detención ilegal y registros e incautaciones ilegales, entre otras cosas.

Esto se debe a que las pólizas de seguro que cubren su trabajo local podrían no ser aplicables. El fondo de riesgo de Pensilvania, por ejemplo, dejó claro recientemente que excluiría las "actividades proactivas de control de la inmigración" de la cobertura, lo que obligó a varios condados participantes a buscar otras opciones de seguro.

El sheriff del condado de Butler, Michael Slupe, dijo que encontró un seguro para cubrir a sus 13 agentes que participan en el programa, con un coste de 20.000 dólares en primas anuales.

“Quiero asegurarme de que los muchachos tengan una cobertura adicional, así que tuvimos que gastar el dinero”, dijo, y agregó que los fondos federales cubrirían el costo.

Los funcionarios federales suelen gozar de inmunidad legal y de una defensa financiada por el gobierno cuando se enfrentan a demandas. Sin embargo, estas protecciones no siempre se aplican a los funcionarios locales, lo que ha aumentado su preocupación por la responsabilidad civil y la necesidad de un seguro.

Si bien las demandas civiles son la principal preocupación, el seguro de responsabilidad profesional generalmente también ayuda a cubrir los honorarios legales de los agentes que se enfrentan a investigaciones penales.

El grupo de alguaciles afirma que la idea del seguro de ICE suena prometedora

Justin Smith, ex sheriff de Colorado y director ejecutivo de la Asociación Nacional de Sheriffs, dijo que el plan de ICE suena prometedor y que estaba ansioso por hablar con ICE sobre cómo funcionaría el plan.

Smith afirmó haber compartido con ICE su preocupación por la reticencia de algunos alguaciles a participar en estas colaboraciones debido a la posible responsabilidad legal en un momento en que la aplicación de la ley de inmigración enfrenta intensas protestas públicas y un intenso escrutinio mediático. Smith añadió que otros agentes que colaboran con ICE ya han comenzado a enfrentar demandas relacionadas con su labor en materia de inmigración, lo cual puede resultar costoso, independientemente de si finalmente se determina que los agentes cometieron alguna irregularidad.

“En estos momentos, cuando se trabaja en temas de inmigración, existe un potencial mucho mayor de que surjan problemas, demandas y controversias”, afirmó. “Reconocen que es un entorno diferente y creo que están intentando colaborar con nosotros lo mejor posible”.

Según sus acuerdos, el ICE advierte a los departamentos locales que son responsables de los costos de los incidentes que generen responsabilidad. Sin embargo, busca reducir el riesgo argumentando que los agentes locales que desempeñan funciones autorizadas por el ICE actúan "bajo la apariencia de autoridad federal", lo que impediría demandas contra agentes individuales.

Los acuerdos también establecen que los agentes locales que enfrenten demandas civiles pueden solicitar la representación del Departamento de Justicia de EE. UU., y que el ICE generalmente apoyará sus solicitudes. Sin embargo, la decisión final sobre si hacerlo recae en el Departamento de Justicia.