TALLAHASSEE, Florida.- El gobernador Ron DeSantis suspendió al comisionado James A. Taylor, del Distrito 2 de Fort Pierce, tras su arresto por múltiples cargos relacionados con delitos sexuales cometidos presuntamente contra una menor de edad.
Escándalo en Fort Pierce: DeSantis suspende a funcionario tras acusaciones de índole sexual
James A. Taylor fue acusado de enviar fotos explícitas a una niña de 12 años en Illinois mediante internet. El gobernador DeSantis lo suspendió del cargo tras su arresto y presentación formal de 22 cargos criminales.
Por:Univision
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Taylor fue arrestado el 24 de julio en el condado de St. Lucie, acusado de haber enviado imágenes explícitas de sí mismo a una niña de 12 años que reside en el estado de Illinois. Las autoridades informaron que los delitos ocurrieron por medios electrónicos, lo que dio pie a una investigación que culminó en su detención y presentación formal de cargos.
De acuerdo con la información oficial, el exfuncionario enfrenta un total de 22 cargos criminales, todos clasificados como delitos de tercer grado bajo la legislación de Florida. Entre ellos se incluyen seis cargos por transmisión de material dañino a menores mediante dispositivos electrónicos, seis cargos por transferencia o exhibición de obscenidad a un menor, seis cargos por comunicación perjudicial a un menor y cuatro cargos adicionales por solicitud lasciva a través de computadoras.
La Oficina del Gobernador emitió la Orden Ejecutiva 25-151 el mismo lunes en que Taylor presentó su renuncia formal al cargo. En ella, DeSantis justifica la suspensión inmediata basándose en el artículo 112.51 de los Estatutos de Florida, que faculta al gobernador a suspender de sus funciones a cualquier funcionario municipal electo que haya sido acusado formalmente de cometer delitos estatales.
“El interés de los ciudadanos de Fort Pierce y del estado de Florida requiere que James A. Taylor sea inmediatamente suspendido de su cargo público”, indica el documento firmado por el gobernador.
La orden establece que Taylor queda inhabilitado para ejercer cualquier función pública, recibir sueldo, beneficios o gozar de privilegio alguno relacionado con el cargo de comisionado mientras dure la suspensión. La medida permanecerá vigente hasta que se emita una orden ejecutiva adicional o se resuelva el caso por la vía legal.
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Mientras tanto, Taylor permanece recluido en la cárcel del condado de St. Lucie con una fianza fijada en 360,000 dólares. Las autoridades locales no han revelado si se le ha asignado representación legal ni se han hecho públicos detalles adicionales sobre el proceso judicial.
El escaño del Distrito 2, ahora vacante, deberá ser cubierto conforme a los mecanismos previstos por la ley local, aunque hasta ahora no se ha anunciado si habrá una elección especial o un nombramiento provisional.
El caso de James A. Taylor se suma a una serie de controversias recientes que han puesto bajo escrutinio el comportamiento ético de funcionarios públicos en Florida, como fue el reciente arresto del sheriff de Oscoela, Marcos López, por crimen organizado al presunetamente haber favorecido a una red de apuestas ilegales.
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