ORLANDO, Florida.- El futuro del centro de detención migratoria conocido como Alcatraz de los Caimanes ( Alligator Alcatraz), en los Everglades, quedó asegurado temporalmente tras un fallo judicial que ha desatado una ola de críticas por un posible conflicto de interés en la justicia federal, de acuerdo con una investigación de Prism.
¿Conflicto de interés? Jueza ligada a DeSantis mantiene abierto Alcatraz de los Caimanes
El despacho del esposo de la jueza Barbara Lagoa, quien permitió la continuidad de la operación del centro de detención, ha recibido más de $10 millones en contratos del gobierno de DeSantis.
Por:Univision
Video Corte permite seguir usando 'Alligator Alcatraz' de manera temporal: resumen de las noticias del día
La jueza de la corte federal de apelaciones del 11º circuito, Barbara Lagoa, bloqueó el mes pasado la orden de una jueza de Miami que disponía el cierre del campamento en un plazo de 60 días. La decisión, aprobada por dos votos contra uno, mantiene operativa la instalación hasta que concluya una demanda ambiental que cuestiona su construcción y funcionamiento.
La cárcel, levantada en terrenos de un antiguo aeropuerto rural, fue construida en el verano de 2025 con fondos estatales y en coordinación con la agencia federal de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).
Desde su apertura, ha sido denunciada por organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigrantes debido a sus condiciones extremas, la falta de acceso a procesos legales y presuntos abusos contra los detenidos.
El fallo de Lagoa generó controversia no solo por el alcance de la medida, sino también por sus vínculos familiares y políticos. La jueza está casada con Paul Huck, socio fundador del despacho Lawson Huck Gonzalez, considerado uno de los bufetes más cercanos al gobernador republicano Ron DeSantis.
La firma, establecida en 2023, ha recibido más de $ 10 millones en contratos estatales y ha representado a la administración en casos de alto perfil, como la demanda contra la cadena Target por su campaña de Pride 2023 y el proceso de selección de un nuevo rector en la Universidad de West Florida, en medio de la ofensiva conservadora de DeSantis contra instituciones académicas.
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Posible conflicto desinterés preocupa a defensores de inmigrantes
Aunque no hay pruebas de que Huck o su firma tengan un interés financiero directo en el caso de Alligator Alcatraz, líderes demócratas y defensores de inmigrantes consideran que la situación representa un grave conflicto de interés.
“ La jueza Barbara Lagoa está claramente conflictuada a través de su matrimonio con Paul Huck, y tiene un interés personal en que su despacho mantenga una relación favorable con el estado de Florida”, declaró a The Guardian Tessa Petit, directora ejecutiva de la Florida Immigrant Coalition.
En su decisión, Lagoa y la jueza Elizabeth Branch, ambas designadas por Donald Trump, concluyeron que las regulaciones ambientales federales no aplicaban porque la instalación fue construida con fondos estatales. Sin embargo, el juez disidente Adalberto Jordan subrayó que Florida admitió operar el campamento en coordinación con agencias federales, lo que lo convierte en una acción federal con efectos ambientales significativos.
La demanda contra “Alligator Alcatraz” fue presentada por grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee. Tras el revés en la corte de apelaciones, los demandantes anunciaron que continuarán la batalla legal. Mientras tanto, el centro de detención permanece abierto y sigue siendo símbolo de la dura agenda migratoria de DeSantis.
