De acuerdo al profesor y abogado Víctor Narro, los comerciantes informales "no pueden ser criminalizados” y las ciudades deben proveer los servicios necesarios para que estas personas cuenten con una licencia que les permita operar sin restricciones o inconvenientes. Además, recuerda que la policía no puede confiscar los suministros de los vendedores, a menos de que exista una agresión o alteración de permisos.