Andrew Arrabaca, veterano del Ejército estadounidense de 43 años, fue acusado de incendio provocado por el ataque contra el edificio federal Jacob Javits, en Manhattan, donde tres personas resultaron heridas.
Veterano enfrenta cargo por incendio provocado tras ataque a edificio federal en Manhattan
Andrew Arrabaca, de 43 años, enfrenta un cargo federal tras presuntamente planear durante meses el ataque a un edificio federal en Manhattan y provocar un incendio que dejó tres personas heridas.
El acusado, originario de Poughkeepsie, permanece detenido sin derecho a fianza. La fiscalía sostiene que preparó el ataque durante meses y reunió armas, fuegos artificiales y combustible para llevarlo a cabo.
Según los fiscales, Arrabaca comenzó a comprar suministros desde enero. Viajó al norte del estado de Nueva York y a Pensilvania antes de elegir como objetivo el complejo federal ubicado en el 26 de Federal Plaza.
La investigación inicial señala que pasó la noche previa en un parque junto a un carrito con hachas, un machete, cuchillos, un martillo y fuegos artificiales antes de ejecutar el ataque el pasado lunes por la mañana.
Autoridades afirman que lanzó fuegos artificiales, disparó una pistola de perdigones contra el edificio y vertió líquido inflamable en una entrada antes de prender fuego generando una gran llamarada a pasos de peatones.
Diagnosticado con enfermedad mental
La fiscalía asegura que Arrabaca confesó haber actuado por convicciones antigubernamentales. También habría reconocido que sabía que civiles podían resultar heridos y aceptó ese riesgo.
Su defensa indicó que fue diagnosticado con una enfermedad mental en 2020 y que había dejado de tomar su medicación. Solicitó una evaluación psiquiátrica en una unidad para veteranos antes de ser juzgado.
El juez ordenó gestionar tratamiento de salud mental en un plazo de 48 horas mientras Arrabaca permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.
El acusado no presentó una declaración de culpabilidad o inocencia. Su audiencia preliminar quedó fijada para el 4 de agosto y, de ser condenado, afronta una pena mínima de siete años y una máxima de 40 años de prisión.
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