Se trata de 300 oficiales que, pese a su comportamiento, siguen trabajando para el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. En esta lista están incluidos alguaciles que habrían falsificado reportes o cometido abusos. El sheriff Jim McDonnell busca que los nombres lleguen a los fiscales, pero el sindicato de los agentes se opone a esto. El caso está en manos de la Suprema Corte de California.