Un magistrado federal prohibió temporalmente a agentes de inmigración utilizar bases de datos que arrojan los domicilios de potenciales inmigrantes sin documentos legales que estuvieron en una cárcel, sin importar el delito cometido, para arrestarlos con fines de deportación. Esto hasta que no actualice su sistema de información y verifique que sea la más reciente, para lo cual la agencia tiene 90 días.