Una docena de familias se verán beneficiadas con un acuerdo legal de 2.5 millones de dólares ante una demanda federal entablada a los propietarios de un inmueble en Los Ángeles por discriminación hacia los inquilinos hispanos y con discapacidades mentales. Abogados aseguran que durante el proceso encontraron varias violaciones con la finalidad de desalojo, yendo en contra del control de rentas.