Regla de carga pública: cómo podría afectar a miles de inmigrantes que buscan la residencia en Nueva York

La llamada “regla de carga pública” ha generado inquietud entre miles de inmigrantes en Nueva York que se encuentran en proceso de solicitar residencia y visas permanentes: ¿qué es y por qué preocupa tanto?

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La ciudad de Nueva York presentó una demanda contra al gobierno federal para impugnar la llamada “regla de carga pública”, que podría impactar a miles de solicitantes de visas en todo el país.

La nueva norma evaluará distintos aspectos personales para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública para Estados Unidos al momento de solicitar la residencia permanente.

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Esto aplicaría para familiares de ciudadanos estadounidenses, inversionistas, trabajadores religiosos y miembros de las fuerzas armadas, y a más de 20 categorías de solicitantes de visas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) defendió la medida señalando que se busca promover inmigrantes autosuficientes y evitar que dependan de beneficios gubernamentales.

¿Qué factores revisará USCIS?

Para determinar si existe un posible problema de carga pública, los funcionarios deberán revisar las circunstancias personales del extranjero en cinco factores establecidos por la ley migratoria.

  • La edad del solicitante
  • Su estado de salud
  • Su situación familiar
  • Sus activos, recursos y situación financiera
  • Su educación y sus habilidades

USCIS también podrá considerar otros elementos para determinar si existe una probabilidad de que la persona se convierta en carga como beneficios públicos, ingresos o recursos que reciben los solicitantes.

También contempla ayuda financiera para estudios universitarios, ayuda para vivienda, cupones de alimentos y otros beneficios similares como posibles elementos dentro de la evaluación migratoria.

Es decir que el uso de determinados programas públicos podría influir en la decisión cuando una persona se encuentra dentro de los procesos migratorios.

¿Cómo podría afectar la residencia permanente?

La medida se dirige a personas que permanecen legalmente en Estados Unidos y buscan ajustar su estatus para obtener la residencia permanente u otras visas de carácter permanente.

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Si un oficial concluye que un solicitante resulta inadmisible y podría convertirse en una carga pública, el funcionario podría solicitar al extranjero que deposite una fianza como una garantía financiera.

El monto de esa garantía será determinado considerando la cantidad de asistencia gubernamental que la persona podría recibir durante los siguientes cinco años.

El solicitante puede presentar dinero en efectivo o una fianza emitida por una compañía certificada por el Departamento del Tesoro para demostrar que no se convertirá en una carga pública después de obtener su estatus.

Si el solicitante deposita la fianza conforme a las instrucciones recibidas, el funcionario puede aprobar el ajuste de estatus.

¿Por qué Nueva York impugna la medida?

De acuerdo con la demanda encabezada por la ciudad de Nueva York, en conjunto con diversas ciudades del país, argumenta que el gobierno federal amplió ilegalmente su autoridad para evaluar los beneficios sin establecer límites suficientemente claros.

Agregan que la política podría generar decisiones incoherentes o discriminatorias al permitir que los funcionarios consideren los beneficios públicos. Además de provocar que familias inmigrantes tengan miedo de solicitar apoyos sociales para los que son legalmente elegibles.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional respondió a la demanda afirmando que los estados santuario temen perder fondos federales, y sostuvo que cientos de miles de inmigrantes indocumentados y no ciudadanos podrían retirarse de programas estadounidenses de asistencia social.

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Los neoyorquinos pueden buscar orientación migratoria gratuita mediante la Línea Directa de Apoyo Legal de Inmigración de la MOIA al 1-800-354-0365.

También pueden llamar al 311 y decir “Immigration Legal” para acceder a asistencia legal migratoria gratuita, segura y confidencial en el idioma de su preferencia.

La nueva regla tiene prevista su entrada en vigor el 18 de septiembre.

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