Laura Cortez, codirectora organizacional de East Yard Communities For Enviromental Justice, explica que esta decisión libra a la fábrica de baterías de cualquier pago de limpieza y descontaminación de las comunidades afectadas por los químicos que emitía su lugar de producción. Además, califica de injusto el hecho de que los contribuyentes tengan que asumir los costos y daños que provocó la empresa en cuestión.