La administración del mandatario planteó formalmente una nueva regla para permitir a las empresas con contratos federales tener objeciones religiosas como una razón válida para no contratar a trabajadores que pertenezcan a la comunidad LGBTQ. De acuerdo a Bambi Salcedo, presidenta de la Coalición Translatina, esta medida es un cruel atropello. El defensor de los derechos civiles Luis Carrillo asegura que la idea es un golpe bajo para los derechos humanos.