El vicepresidente JD Vance justificó el uso de un fondo público de 1.8 mil millones de dólares al afirmar que la administración destinará el dinero a indemnizar a ciudadanos procesados con penas excesivas por el gobierno anterior. Vance rechazó que los recursos beneficien a la familia Trump y aclaró que cualquier persona, incluidos demócratas, puede solicitar el apoyo mediante un proceso de revisión que evaluará el maltrato legal o la desproporción en sus condenas.