Las claves de la propuesta de ICE para blindar a agentes locales que arresten a migrantes subvencionándoles un seguro

El aumento pronunciado de los arrestos puso la lupa en la posible colaboración entre entidades federales y locales. Numerosos activistas pidieron investigar hasta qué punto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estaba cooperando con agentes de policías locales en sus operativos de inmigración.

El pasado viernes se publicó un documento que arrojó luz a esta incógnita. Según ese documento de planificación, la agencia está proponiendo subvencionar el seguro de responsabilidad civil para los funcionarios estatales y locales que reciben capacitación y son autorizados para hacer cumplir las leyes federales de inmigración.

¿Qué supone la propuesta?

Esa propuesta de ICE de ofrecer y subvencionar el seguro ayudaría a proteger a los agentes de policía locales que realizan arrestos por motivos de inmigración de posibles consecuencias financieras si son acusados de mala conducta en sus procedimientos.

Según el plan, se facilitaría que los agentes locales compren un seguro que cubra hasta 500,000 dólares en responsabilidad personal, que por lo general financia honorarios jurídicos, acuerdos extrajudiciales y sentencias. A los agentes se les reembolsarían hasta 250 dólares al año, que es la cantidad aproximada que se prevé que cueste el seguro.

¿Qué opinan las organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes?

N+Univision consulta con la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), organización que forma parte de la defensa de Lorenzo Salgado Araujo, el mexicano muerto tras recibir disparos de agentes de ICE en un operativo bajo investigación en Houston.

Les consultamos qué lectura hacen de esta propuesta. Su director, Juan Proaño, avanza que en la práctica es "admitir que dichas detenciones vulneran los derechos".

"Si el ICE tiene que contratar un seguro legal para proteger a la policía local de demandas derivadas de detenciones migratorias, eso equivale a admitir que dichas detenciones vulneran los derechos de las personas", condenó Proaño.

Según el plan, los agentes contratarían un seguro que cubriría hasta 500,000 dólares en responsabilidad civil, lo que normalmente sufraga los gastos legales, los acuerdos extrajudiciales y las sentencias judiciales. Los agentes recibirían un reembolso de hasta 250 dólares anuales, aproximadamente el coste estimado del seguro.

"Esta administración no está capacitando a los agentes para que respeten la Constitución, sino que está pagando por adelantado para paliar los momentos en que no lo hacen. Eliminar el último incentivo para actuar con moderación garantiza un aumento de las detenciones injustificadas y de los arrestos indebidos, así como que más familias latinas —tanto ciudadanas como inmigrantes— sean tratadas como sospechosas en sus propios vecindarios", denunció el director de LULAC.

¿En qué punto está la propuesta de ICE?

ICE incluyó el plan en un documento en el que informaba a los representantes del sector que estaba considerando contratar a una empresa externa para que brindara apoyo en materia de divulgación, capacitación y comunicaciones para sus programas de colaboración 287(g) con los departamentos locales, denominados así por una sección de una ley de inmigración de 1996. Dicha empresa se encargaría de contratar al proveedor de seguros y procesar los reembolsos, entre otras tareas.

La agencia de migración estaría en fase de revisión del plan, que ya revela de manera clara que se están dando cooperaciones en los operativos para arrestar migrantes con las policías locales.

¿Los policías locales están obligados a colaborar con ICE?

La otra incógnita que planea sobre el debate público es qué tanto un agente de policía local se puede negar a participar de un operativo de ICE.

Según el Centro de Justicia de Brennan, una organización de defensa legal adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, no hay ninguna ley federal que obligue a los estados y las localidades a cooperar con ICE.

"Son las leyes estatales las que suelen regir sobre la magnitud de su cooperación. Pero, cuando las leyes federales no indican nada en concreto, son los funcionarios locales y estatales quienes tienen la libertad de gestionar sus propias operaciones policiales. Ello significa que pueden decidir si desean recolectar información sobre el estatus migratorio de las personas, cuánta información desean compartir con ICE, si es que quieren hacerlo, y si van a cumplir con las posibles peticiones de ICE de mantener a las personas detenidas hasta que los agentes federales puedan trasladarlas a un centro de detención federal", expresaron en un comunicado.

Lo que quiere decir que en la práctica toda jurisdicción que desee colaborar puede firmar un acuerdo mediante el cual autoriza a sus funcionarios y oficiales a llevar a cabo todo tipo de actividades de control migratorio.

¿Qué

estados han legislado para impedir la colaboración con ICE?

Un ejemplo reciente es lo que está sucediendo en Nueva York. La gobernadora demócrata, Kathy Hochul, promulgó la ley "Policías Locales, Delitos Locales" ( Local Cops, Local Crimes Act), que prohíbe a las agencias policiales y cárceles locales mantener o firmar acuerdos de colaboración bajo la sección 287(g) con ICE.

Con la ley, que se prevé que entre en vigor el próximo 25 de agosto, pretenden prohibir a ICE el uso de personal, fondos, bases de datos o instalaciones carcelarias del estado para operativos de control migratorio civil.

Aunque en el texto se especifica que la legislación no impide que ICE actúe dentro del estado en ejercicio de sus propias atribuciones federales, ni limita la colaboración policial ante delitos violentos graves.

A pesar de ese intento de la gobernadora y de la fiscal general por acabar con la colaboración con ICE, diversos condados han mostrado su oposición a la ley y han advertido que seguirán cooperando. Entre ellos, los condados de Cattaraugus, Steuben, Madison y Wayne.

El director de LULAC asegura que el marco legal garantiza que los agentes de policías locales siempre se puedan negar, y señala otro ejemplo reciente, el de Miami Dade.

"Por lo general, es el concejo municipal el que aprueba los acuerdos 287(g) (de colaboración con ICE). Algunas ciudades ya los han cancelado debido a las fuertes protestas públicas; por ejemplo, Miami-Dade firmó uno y luego lo canceló", recuerda Proaño.

También California emprendió su propia batalla para frenar con leyes la colaboración de sus funcionarios locales con la agencia federal en distintos niveles.

El ayuntamiento de Los Ángeles adoptó ordenanzas estrictas que prohibían el uso de recursos municipales o la ayuda de la policía local en tareas de ICE.

También San Francisco prohíbe explícitamente a sus empleados y agencias del orden participar o asistir en investigaciones de carácter civil migratorio. Y el consejo supervisor de San Diego legisló para impedir el uso de recursos del condado en operativos federales de inmigración llevados a cabo por ICE.