ICE arresta a más de 12,000 personas tras recibir información del programa para menores no acompañados

Más de 90,000 menores llegaron sin acompañamiento de un adulto a EEUU en el año 2024, el último del que hay cifras.

Según la ley vigente, esos menores tras ser interceptados son arrestados por la autoridad migratoria de frontera (CBP), pero deben ser llevados a instalaciones del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) en un máximo de 72 horas.

El objetivo es que, velando por su bienestar, tengan un proceso con garantías. Por ello, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) se encarga de alojarlos en refugios de corta duración mientras se investiga a familiares o tutores aptos en el país.

Es el procedimiento por el que pasó Katia, la hija de Aurora, que llegó sola a la frontera con solo seis años. Para garantizar su seguridad sus nombres son ficticios. Katia pasó más de medio año en uno de esos albergues de la ORR mientras su madre, que ya se encontraba en el país, trabajaba para sacarla. Los dos finalmente se reencontraron a finales de marzo.

“Estábamos eufóricas”, dijo Aurora, de 24 años. Sin embargo, solo unos días después, madre e hija fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y enviadas a un centro de detención familiar en Texas, según consta en los registros a los que ha tenido acceso la agencia Reuters.

Aurora y su hija Katia forman parte de las más de 12.000 personas arrestadas por las autoridades de inmigración estadounidenses tras recibir información de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante el segundo mandato de Donald Trump, según datos internos del gobierno revisados en exclusiva por Reuters.

La ORR: de proteger a migrantes a ¿entregarlos a ICE?

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) es una agencia que ayuda a refugiados, asilados y inmigrantes menores de edad no acompañados para integrarse integrarse y recibir cuidado y asistencia humanitaria en el país.

La ORR se creó en 1980 para reasentar a los refugiados que huían de la guerra y la persecución. Desde principios de la década de 2000, la agencia también se ha encargado de dar cobijo a los menores migrantes no acompañados que llegan a la frontera con México, como la hija de Aurora.

Históricamente, el cuidado de estos niños ha estado al margen de las autoridades de inmigración. Una ley de 2008 buscaba garantizar que fueran ubicados en el entorno menos restrictivo y que no tuvieran que pasar por una detención, independientemente del estatus legal de sus tutores legales.

En otras palabras, garantizaba que las familias migrantes pudieran reunirse sin que ello supusiera que fueran a parar a custodia de ICE, incluso si se encontraban en el país de forma irregular.

La administración Trump ha adoptado un enfoque radicalmente diferente. Desde enero de 2025, según los datos, la ORR ha compartido más de 460.000 "pistas" con el ICE sobre menores no acompañados, sus patrocinadores (generalmente padres u otros familiares) y otros miembros del hogar, dejándolos vulnerables a la detención y la deportación.

Si bien es cierto que la ORR ya cooperaba anteriormente con ICE, la investigación revela la magnitud de que compartan el actual volumen de datos, ya que ha dejado en el punto de mira de la agencia migratoria a casi medio millón de personas (que ya no pueden ejercer de adulto responsable de esos menores no acompañados).

"Están instrumentalizando un programa de bienestar infantil"

Los expertos en el ámbito migratorio alertan de las graves consecuencias de este cruce de información entre agencias, sobre todo con la vista puesta en analizar las garantías para los menores migrantes.

Jen Smyers, quien se desempeñó como subdirectora de la ORR durante la administración Biden, dijo que las políticas que velaban por la seguridad de los menores y que evitaban el intercambio de datos con ICE han sido "completamente revertidas".

“Están instrumentalizando un programa de bienestar infantil con el fin de provocar más deportaciones”, afirmó. En un comunicado a Reuters, la ORR afirmó que "no desempeña ningún papel en la detención de menores" y remitió las preguntas sobre la aplicación de las leyes de inmigración al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia matriz de ICE.

En respuesta a preguntas de Reuters, el DHS reconoció que durante el segundo mandato de Trump, "la ORR proporcionó a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del ICE posibles pistas para la investigación", como parte de un esfuerzo por localizar a menores no acompañados que fueron colocados con "tutores no investigados", incluidos algunos con antecedentes penales.

El duro proceso para Aurora de separarse y lograr la reunificación

Aurora entró de manera irregular a Estados Unidos hace dos años en busca de trabajo y seguridad. Pensó que su hija Katia, de solo 4 años en aquel entonces, era demasiado pequeña para acompañarla en la ruta. La dejó con unos familiares en México, esperando con ansias desde su partida el momento de su reencuentro.

Aurora encontró trabajo como limpiadora de casas en Mississippi. Según contó, en agosto del año pasado, un familiar llevó a su hija a la frontera y la dejó allí para que se entregara a los agentes de inmigración, una estrategia común entre las familias que buscan la reunificación.

Las autoridades trasladaron a la niña a un albergue para niños migrantes y Aurora comenzó el proceso de verificación para sacarla de allí. Durante seis meses, proporcionó a la agencia gran cantidad de documentación, incluyendo una prueba de ADN. Según los documentos, no tenía antecedentes penales.

Bajo la administración Trump, el proceso de selección de patrocinadores ahora incluye varios pasos adicionales, como la toma de huellas dactilares de todos los miembros del hogar. Como consecuencia, el tiempo que los menores no acompañados pasan bajo custodia ha aumentado de un promedio de 30 días en el año fiscal 2024 a 194 días en junio de 2026, según cifras de la ORR.

La ORR se negó a comentar sobre casos específicos, pero dijo que su mayor nivel de control tiene como objetivo proteger a los niños de cualquier daño.

Reunificaciones que podrían convertirse en trampas

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ara el arresto de los padres

Aurora contó que, el día antes de reunirse con su hija, agentes de inmigración la visitaron en su casa, le preguntaron por la niña y le dijeron que debía presentarse en una oficina del ICE la semana siguiente.

En esa cita, relató Aurora, los agentes “me preguntaron si tenía algún problema en Estados Unidos y les dije: ‘No, porque no he hecho nada malo. Lo único que hago es trabajar’”.

Según consta en los registros, ella y su hija fueron detenidas en la cita y enviadas a un centro de detención familiar en Dilley, Texas. Estuvieron allí durante tres semanas. Tras su liberación, a Aurora le colocaron un monitor electrónico en el tobillo y se le ordenó presentarse a controles periódicos mientras se resolvía su caso ante el tribunal de inmigración, según consta en los registros.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó los detalles de la detención y liberación de Aurora, indicando que ella había admitido haber sido introducida ilegalmente en el país a través de la frontera.

Las consecuencias del arresto

Mientras estaba encerrada en custodia de ICE, el casero de Aurora en Mississippi la desalojó y tiró sus pertenencias.

Entonces, madre e hija se dirigieron a California, donde una amiga se ofreció a alojarlas. Pero el temor que van arrastrando tratando se seguir adelante continua. Aurora dice que vive con el miedo de que el siguiente paso sea que terminen deportadas.

Y esa angustia la comparte con la pequeña Katia. Asegura que a veces, por la noche, su hija "se levanta y llora, pensando que todavía está detenida".

Arrestados a punta de pistola por haber dado sus datos al ICE para reunificarse con su hijo

Aurora y su hija pudieron reencontrarse, algo que no pasa en todas las familias. Marleny y su hijo menor Juan huyeron de la violencia en Guatemala en 2023. Cruzaron ilegalmente la frontera y se establecieron en Texas, donde ella limpiaba obras de construcción.

Su hijo mayor, Victor, se quedó con la familia en su ciudad natal. Cuando su tío fue asesinado, él también decidió emprender el viaje hacia el norte y se entregó a los agentes fronterizos estadounidenses. Tras cuatro meses bajo custodia de la ORR, Victor fue puesto en libertad a finales de abril, la noche anterior a su decimoctavo cumpleaños, según consta en los registros.

La familia organizó una fiesta para celebrarlo.“Estaba tan feliz”, dijo Marleny. “En aquel entonces no sabía lo que Dios tenía preparado para mí”. Para lograr la liberación de Victor, ella proporcionó a la ORR una extensa documentación tanto de ella como de su pareja, incluyendo declaraciones de impuestos y huellas dactilares.

Como no tenían antecedentes penales —eran personas intachables, según afirmó— no tuvo reparos en compartir la información. Sin embargo, dos meses después de la liberación de Victor, agentes de ICE arrestaron a Marleny y a su pareja a punta de pistola cuando subían a su coche para ir a trabajar.

En respuesta a las preguntas, el DHS informó a Reuters que ICE estaba ejecutando una orden de registro penal contra el “compañero de piso” de Marleny, en aparente referencia a su pareja. El DHS no respondió a las preguntas posteriores sobre la naturaleza del presunto delito ni sobre cómo lo habían localizado.

"Ver las armas fue traumático", dijo Marleny, ya que le recordó la violencia que dejó atrás en Guatemala. Un vecino que presenció el arresto alertó a Víctor, quien se encontraba en el apartamento familiar con su hermano de 6 años.

Separados tras haber logrado reunirse porque los padres quedaron arrestados

Entre lágrimas, llamó a un asistente legal del Proyecto de Representación de Inmigrantes de Galveston-Houston. “Hemos visto a muchos tutores y padres arrestados y, como consecuencia, se han producido detenciones colaterales relacionadas con ellos”, declaró Alexa Sendukas, abogada directora de GHIRP.

Víctor, de 18 años, ahora cuida solo de su hermano pequeño. Tenía que comparecer ante el tribunal después de que su madre fuera arrestada, pero dijo que se le olvidó presentarse en medio del caos que siguió. Ahora, ante una orden de deportación, espera encontrar un abogado que reabra su caso de inmigración.“Necesito seguir adelante”, dijo.

Víctor ha tenido que hacerse cargo de su hermano y de su proceso migratorio. Se calcula que más de 800,000 menores se enfrentaron a la deportación en tribunales de inmigración en los últimos 12 meses. Y, según datos del Instituto Vera, más del 59% de estos niños y niñas no contaban con un abogado.